La Comisión Europea ha presentado este miércoles un documento que dibuja las principales orientaciones y objetivos de la Política Agraria Común (PAC) para después de 2020, que estará centrada en la simplificación de las normas y en una mayor flexibilidad y que plantea la elaboración de planes estratégicos nacionales que deberán recibir el visto bueno de Bruselas y establecer límites obligatorios en los pagos directos, entre otras cuestiones.
El texto, que ha sido presentado por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario de Empleo, Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, y el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, recoge posibles acciones, pero incide en que las propuestas concretas no llegarán hasta después de mayo de 2018, cuando Bruselas haya presentado también su planteamiento para el presupuesto financiero plurianual de la UE.
En todo caso, el documento presentado este miércoles se centra básicamente en dos objetivos principales para la nueva PAC, que son la simplificación de las normas y una mayor flexibilidad. Además, Bruselas remarca que la PAC después de 2020 tendrá que «liderar la transición» hacia una agricultura sostenible, fortalecer la resistencia del sector en momentos de crisis, acomodarse a las innovaciones digitales e impulsar las áreas rurales.
Así, el Ejecutivo comunitario ha planteado que los Estados miembros tengan que elaborar «planes estratégicos» nacionales que desarrollen acciones para «maximizar su contribución» a los objetivos y prioridades de la UE en materia agraria y a sus metas climáticas y energéticas particulares. Este enfoque, señala Bruselas, ayudará a tener en cuenta las condiciones y las necesidades locales de cada país.
Bruselas ha advertido de que estos programas no se prepararán de forma «aislada» puesto que formarán parte de un proceso «estructurado» en el que la Comisión Europea tendrá que dar su visto bueno a los documentos nacionales. A su juicio, esto «fortalecerá el valor añadido» de la UE y «preservará el funcionamiento del mercado único agrario».
LÍMITES OBLIGATORIOS EN LOS PAGOS DIRECTOS
Por otro lado, la Comisión Europea ha garantizado que se mantendrán los dos pilares de la PAC y que el apoyo a los agricultores y ganaderos seguirá siendo a través del sistema de pagos directos. No obstante, Bruselas reconoce la existencia de «preocupaciones comprensibles» en términos de eficiencia económica y equidad social por el hecho de que el 20% de los productores recibió el 80% de los pagos en 2015.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario subraya que su compromiiso de buscar cómo hacer que los pagos directos sean más efectivos y estén mejor orientados para apoyar los ingresos de los agricultores del bloque comunitario.
En concreto, el documento de Bruselas propone una lista «no exhaustiva» de posibilidades a estudiar, entre las que se encuentra la opción de establecer un límite obligatorio para los pagos directos «teniendo en cuenta la mano de obra para no provocar efectos negativos en el empleo». Sin embargo, el texto no detalla ninguna cifra a este respecto.
Otros planteamientos son la instrucción de pagos regresivos para reducir el apoyo que reciben las explotaciones más grandes, reforzar el enfoque redistributivo de los pagos para incrementar el apoyo para explotaciones pequeñas y medianas y garantizar ayudas a los verdaderos agricultores centrándose en aquellos que en los que su actividad en el sector es su modo de vida.
