La Comisión Europea debatirá este martes el incumplimiento de los objetivos de déficit el pasado año tanto de España como de Portugal, pero, salvo sorpresa, no adoptará hasta el jueves la decisión de determinar falta de medidas efectivas de ambos países para reducir el desfase presupuestario, que iniciaría el procedimiento sancionador.
El colegio de comisarios abordará la cuestión en su reunión en Estrasburgo, pero «lo más probable» es que esta postura no sea confirmada formalmente hasta el jueves de esta misma semana, según han confirmado fuentes comunitarias.
De esta forma, la opinión del Ejecutivo comunitario se conocería escasos días antes de la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), que tendrá lugar el próximo martes, 12 de julio, por lo que podría no incluirse finalmente en la agenda, y retrasarse hasta octubre.
Bruselas debe decidir si determina la «falta de acción efectiva» del Gobierno español para controlar el desfase presupuestario, que el año pasado fue del 5% del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso de reducirlo hasta el 4,2%.
Esta decisión, que ya retrasó a mediados de mayo, desencadenaría el procedimiento para sancionar a España con una multa que equivaldría al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros en el caso de España.
Por el momento, fuentes europeas señalan que esta cuestión está recogida como un punto «posible» en el orden del día del Ecofin. Sin embargo, si finalmente no se incluyese formalmente, la discusión entre los ministros sobre si multar a España o no hacerlo no tendría lugar hasta octubre (el encuentro de septiembre es informal y no es posible aprobar conclusiones).
Una vez que los Veintiocho certifiquen esta «falta de acción efectiva», la Comisión Europea dispone de un plazo de 20 días para proponer una sanción a España, que se daría por adoptada salvo que el Ecofin la rechazara en un plazo de 10 días.
No obstante, Bruselas podría tomar la decisión de cancelar la multa o de incluso reducir su cuantía a cero, atendiendo a las razones esgrimidas por el Estado miembro afectado.
