El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó este sábado en el BOE la orden ministerial en la que se aprueban los porcentajes de reparto de la financiación del bono social para 2016 entre las empresas verticalmente integradas del sector eléctrico.
Conforme al esquema de reparto, en el que se tienen en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables.
En concreto, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%.
La orden ministerial aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la renuncia de José Manuel Soria por el caso de los ‘Papeles de Panamá’, decidiese inhibirse.
El ministro de Economía en funciones ya actuó de esta forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.
Para inhibirse en la firma de las órdenes y decretos, De Guindos se acoge al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo ha tenido una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento.
Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011.
De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.
El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El coste total de las ayudas ronda los 200 millones de euros al año.
