Báñez ha valorado que el "compromiso" y el "esfuerzo" colectivo en la lucha contra el fraude laboral esté "dando resultados"

Báñez dice que la lucha contra el fraude laboral ha supuesto un ahorro de 15.371 millones en la legislatura

©Europa Press

Actualizado 21 | 04 | 2016 16:00

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado hoy que el plan de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social ha supuesto un ahorro de 15.371 millones de euros para el sistema en la legislatura, y desde su puesta en marcha en 2012, ha permitido aflorar más de 350.000 empleos irregulares y descubrir 5.000 empresas ficticias.

Así lo ha anunciado Báñez durante la clausura de la jornada ‘Lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social: infracción o delito’, celebrada en Madrid, en el que ha anunciado que la lucha contra el fraude ha permitido aflorar más de 350.000 empleos irregulares en la legislatura, convertir 190.000 contratos temporales en indefinidos porque «estaban mal encuadradados», y descubrir más de 5.000 empresas ficticias cuyo objetivo era «defraudar al sistema de la Seguridad Social».

Báñez ha valorado que el «compromiso» y el «esfuerzo» colectivo en la lucha contra el fraude laboral esté «dando resultados», gracias también a la «suerte» de haber incorporado a la causa 500 nuevos inspectores y subinspectores en esta legislatura, a pesar de la restricción presupuestaria de 2012.

La ministra ha señalado que la «prioridad» del Gobierno al inicio de la legislatura era recuperar el empleo y la calidad de los puestos de trabajo, para lo que es necesaria la lucha contra el fraude laboral, que «perjudica a todos, a empresas, haciendo competencia desleal, al modelo de bienestar por la merma de recursos y, sobre todo, es una agresión intolerable a los derechos de los trabajadores».

«Tener un empleo de calidad es tener un contrato de trabajo, es estar afiliado a la Seguridad Social, es tener derecho a ese salario mínimo, a una jornada, a tener formación, a tener prestación por discapacidad o desempleo, jubilación o Seguridad Social en el futuro», ha añadido.

UNA LUCHA «COMPARTIDA»

En este sentido, Báñez ha destacado que el Gobierno ha intentado hacer de la lucha contra el fraude una «lucha compartida», con más apoyo normativo, más instrumentos, la modificación de acciones y de algunos artículos del Código Penal.

Asimismo, ha recordado que se llevó al Consejo de Ministros la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y que ya está en marcha la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
De igual forma, Báñez ha apuntado que se han firmado 12 acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas en materia de lucha contra el fraude, y que «en próximas fechas» se continuarán sumando más para completar el marco de colaboración entre comunidades y Gobierno en este ámbito.

A esto se suma la colaboración fijada en la legislatura con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado, el Ministerio de Justicia y el de Interior, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en su conjunto «están colaborando de manera estrecha y los resultados se ven mes a mes».

De cara al futuro, Báñez ha explicado que desde su departamento quieren ampliar esa colaboración entre todas las unidades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. «Hemos trabajado mucho, hemos preservado los derechos trabajadores, la competencia leal entre las empresas y sobre todo hemos preservado el modelo de bienestar, especialmente pensando en recursos que tiene que seguir teniendo la Seguridad Social para prestar más de 9,5 millones de pensiones cada mes», ha apostillado.

La titular de Empleo, que ha valorado que la sociedad española haya dado la «vuelta» a la situación económica española y se hayan podido recuperar 1,2 millones de empleo destruidos durante la crisis, ha animado a los inspectores y agentes implicados en la lucha contra el fraude a «trabajar juntos, colaborando y aprendiendo para ser más eficaces», lo que contribuirá a lograr el objetivo de 20 millones de personas trabajando en empleos «de calidad».


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