El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la convocatoria estatal de subvenciones para la formación de trabajadores ocupados para los años 2016 y 2017, con una dotación de 250 millones, de los que la mayor parte se destinarán al ámbito sectorial.
Se trata de la primera convocatoria abierta al 100% a la concurrencia competitiva tras la aprobación de al reforma de la formación, en septiembre de 2015, y en su contenido prioriza los que se considera que serán los nichos de empleo más demandados en los próximos años: la digitalización, las tecnologías de la comunicación, la eficiencia energética y el emprendimiento, entre otros.
Esta convocatoria se ha aprobado en medio de las críticas de la patronal y los sindicatos, después de que el Gobierno decidiera sacarles de forma unilateral del órganos de control de la formación.
Preguntada al respecto, Báñez ha admitido este extremo, pero ha argumentado que de esta forma se ha dado cumplimiento a la reforma de la formación y a la Ley de subvenciones.
Según ha dicho, la presencia de los agentes sociales en este órgano de gestión de la formación, que evalúa las ofertas presentadas por centros de formación, hace que sean «juez y parte» porque tanto patronal como sindicatos cuenta con sus propios centros. Esta circunstancia podría vulnerar el principio de objetividad que recoge la Ley de subvenciones.
LOS AGENTES SOCIALES SEGUIRÁN TENIENDO UN PAPEL «CRUCIAL»
«Hemos acordado la convocatoria casi al 100% con los agentes sociales», ha explicado en su favor la ministra de Empleo, quien ha indicado que el hecho de que no estén en el órgano técnico que gestiona las ayudas «no quiere decir que no tengan participación».
Así, ha señalado que el papel de los agentes sociales en el ámbito de la formación «va a seguir siendo crucial», porque van a seguir presentes en órganos como el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo o en las estructuras paritarias sectoriales de la negociación colectiva, que «es donde se ven las necesidades a futuro» de las empresas.
