El camino para la llegada efectiva de los fondos a las empresas españolas cada vez se encuentra más avanzado. De hecho, ya están publicándose las primeras convocatorias de ayudas con cargo a los fondos Next Generation desde la Administración General del Estado.
En este sentido, es importante que aceleremos algunas de las cuestiones que pueden tener un efecto directo en la maximización del impacto de estos fondos en nuestro país. Sin duda, de la leal colaboración público-privada va a depender, en buena medida, nuestra capacidad de ejecución de los mismos, por lo que es el momento de que tanto las empresas como el Sector Público hagamos los deberes y contribuyamos eficazmente al éxito de los Next Generation.
En concreto, en la actualidad podemos identificar seis grandes retos, de cuya respuesta inmediata puede depender la dimensión del impacto de los fondos en España.
En primer lugar, la entrada en vigor el 1 de enero de este año del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone un paso importante para acelerar los plazos de ejecución de los fondos, si bien es necesario incorporar algunas modificaciones en el articulado del Proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes Generales para reforzar la participación del sector privado.
En concreto, es necesario desarrollar reglamentariamente la norma para dotar de mayor concreción y seguridad jurídica a una de las grandes novedades del texto: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).
De esta manera, al tratarse de una figura esencial por su componente estratégico y transformador, resulta fundamental la concreción de esta figura, más allá de los cuatro artículos que recoge a este respecto el citado Real Decreto-Ley. En ese sentido, de momento se vislumbra un PERTE para el vehículo eléctrico, otro para la salud y otro para el sector agroalimentario, pero todavía no se ha aprobado formalmente ninguno por parte del Consejo de Ministros.
Asimismo, algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, Baleares o Canarias, han empezado a aprobar sus propios Decretos de agilización de los trámites administrativos. Sin duda, se trata de una buena iniciativa, que sería interesante que replicaran el resto, a fin de asegurar la máxima celeridad en la ejecución de los fondos por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país.
En todo caso, en relación a los PERTES, consideramos fundamental asegurar una participación del Sector Público bajo criterios de máxima transparencia, que asegure que el sector privado, teniendo en cuenta su naturaleza y características, asuma el peso principal de las inversiones. De la misma manera, en línea con lo solicitado en la manifestación de interés lanzada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hace unos meses, sería deseable incorporar a las PYMES y autónomos en los PERTES, asegurando así un efecto tractor de las grandes empresas.
Me gustaría destacar que en CEOE constituimos en octubre un grupo de expertos en derecho administrativo, con presencia de los principales despachos y organizaciones empresariales, que nos permitió presentar al Gobierno una propuesta detallada de reformas legales, siendo las más relevantes las siguientes:
- Acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción, favoreciendo la llegada del dinero a la economía.
- Flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada, para hacer más ágil el trabajo conjunto en el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión.
- Evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.
- Incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público.
En segundo lugar, en relación a los plazos de inicio de canalización de fondos hacia el sector privado, es importante acelerar el ritmo de publicación de las licitaciones y convocatorias.
En concreto, estamos asistiendo a la publicación de las primeras convocatorias (por ejemplo, el Programa Tecnológico Aeronáutico, convocado por el CDTI, con un presupuesto de 35 millones de euros; o el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, convocada por el IDAE, con un presupuesto total de 300 millones de euros, si bien es cierto que hace falta acelerar el ritmo.
Por ello, resulta fundamental acelerar el trabajo entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, en el marco de las conferencias sectoriales, para que los fondos sean una realidad cuanto antes: es necesario que no solo el Estado empiece a publicar convocatorias, sino también las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Y es que no podemos olvidar que las Comunidades gestionarán, aproximadamente el 50% de los fondos.
En tercer lugar, el éxito de estos fondos dependerá de un equilibrio entre, por un lado, la ejecución de proyectos transformadores liderados por grandes empresas y, por otro lado, la participación de las PYMES y los autónomos, ya sea dentro de iniciativas tractoras, por sí mismos o en colaboración con otros socios análogos.
Para lograr este objetivo es importante facilitar que aquellos proyectos que, sin llegar a la entidad de un PERTE, pero teniendo un mayor tamaño que los impulsados por pequeñas empresas, tengan fácil acceso a los fondos, a través de convocatorias adecuadas a sus características, para garantizar que generan un impacto transformador.
En este sentido, es destacable que la UE ha definido seis cadenas de valor estratégicas, entre ellas, el vehículo eléctrico, el hidrógeno o la industria descarbonizada, para impulsar la industria europea y, de esta forma, poder competir contra Estados Unidos y otras economías pujantes, como China.
Esta apuesta por la industria es clave en España, para lograr por fin impulsar el peso de este sector en el PIB, algo especialmente importante en un contexto económico como el actual. No podemos olvidar que el peso de la industria en el PIB nacional, incluyendo la energía, es del 16% aproximadamente, lejos del objetivo del 20% que estaba previsto para 2020.
De hecho, antes de la aparición de la Covid-19, la tasa de paro en los territorios con mayor peso industrial de nuestro país (Navarra, País Vasco, La Rioja o Burgos, por ejemplo) no superaba el 10%. Por este motivo, los proyectos que tengan un componente industrial, pueden ser muy relevantes.
En cuarto lugar, existe un elemento que no está suficientemente presente en la agenda pública y de las empresas, pero que tiene una incidencia capital: el marco europeo de ayudas de estado. En concreto, dicho marco constituye un elemento a tener muy en cuenta tanto por la Administración Pública como por las empresas a la hora de canalizar las ayudas derivadas de Next Generation.
El concepto clave de “intensidad de la ayuda”, derivado de la zona geográfica, el tipo de empresa y el tipo de proyecto, puede suponer un freno a la capacidad de las empresas de recibir subvenciones públicas para acometer proyectos de inversión. En consecuencia, por su relevancia, es fundamental acercar a las empresas la información sobre su funcionamiento y sus límites, que evite futuras consecuencias negativas en forma de sanciones europeas.
En quinto lugar, las empresas, especialmente las PYMES y los autónomos, predominantes en el tejido empresarial español, necesitan la máxima información y pedagogía respecto de la existencia de los fondos europeos, ámbitos de aplicación, condiciones o los plazos para presentar sus proyectos. Como mencionaba previamente, la mayor parte del tejido empresarial no ha participado nunca en una licitación o en una convocatoria de subvenciones, lo que, sin duda, supone un hándicap.
Fruto de ello, en la plataforma digital CEOExEuropa, en colaboración estrecha entre CEOE, es posible acceder desde principios de marzo a un servicio de alertas que recoge todas las licitaciones de contratos públicos y las convocatorias de subvenciones con cargo a sus presupuestos y a fondos europeos ordinarios de todo el Sector Público español (desde un Ayuntamiento a un Ministerio), así como aquellas con cargo a Next Generation que ya empiezan a ponerse en marcha.
Sin embargo, es importante que desde el Sector Público se refuerce la información a las empresas, especialmente a las PYMES y a los autónomos, de manera ordenada, actualizada y con un lenguaje sencillo.
Finalmente, España debe poner un mayor acento en el seguimiento y evaluación de la ejecución de los fondos, a fin de poder incorporar medidas correctoras en los casos en que sea necesario. En este sentido, dentro de la evaluación, debemos prestar especial atención a la medición del impacto de las reformas y los proyectos de inversión, con el objetivo de asegurar no solo la recuperación de la economía española, sino también la transformación de nuestro modelo productivo hacia uno más verde, digital e industrial.
Adicionalmente, una rigurosa evaluación de la ejecución de los fondos nos va a permitir cumplir adecuadamente los hitos a los que nos hemos comprometido, de manera que no pongamos en riesgo los desembolsos que, condicionados al cumplimento de todo ello, la Unión Europea hará cada seis meses a todos los Estados miembro.
En la misma línea, una evaluación rigurosa de la ejecución de los fondos es, sin duda, sinónimo de transparencia, lo que supone un argumento adicional de justificación de la importancia de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del Plan. En este sentido, el Gobierno anunció en diciembre la creación de un foro de alto nivel de colaboración público-privada, que contribuyera a hacer un seguimiento intenso y transparente de los fondos. Así, viendo la fase en la que nos encontramos, puede ser un buen momento para ponerla en marcha.
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José Alberto González-Ruiz | Secretario General de CEOE
