El Gobierno de España tiene una hoja de ruta que puede resultar letal para la economía del país y para la actividad de las empresas y de los autónomos. Se trata de una batería histórica de propuestas para la reforma fiscal, que pretende recaudar 35.000 millones de euros. Son propuestas que pasan, en su mayoría, por subir los impuestos a la actividad económica asfixiando amillones de negocios de nuestro país, que no se han terminado de recuperar por la pandemia.
El conflicto bélico de Rusia en Ucrania, el alza de los precios energéticos y la crisis sanitaria de la Covid que aún colea pueden suponer un cierto freno a esta voracidad recaudatoria, pero los empresarios y los autónomos riojanos temen,-como así se ha manifestado,- que estas propuestas se quieren poner en práctica cuando la actividad económica mejore.
Las empresas y los autónomos, el conjunto de los sectores económicos de La Rioja, han recibido la noticia con una enorme preocupación, además de con la indignación propia de ser otra vez el foco y la fuente principal de la recaudación del Estado.
Vayamos por partes. El amplio menú que contiene las 800 páginas de la reforma fiscal propone ingresar 15.000 millones en impuestos verdes, la eliminación o modificación de beneficios fiscales, un tipo único del IVA y la armonización al alza de impuestos como Patrimonio, Donaciones o Sucesiones, donde las regiones tienen más capacidad de maniobra o la puesta en marcha de peajes en las autovías entre 118 propuestas. Además, el Gobierno tiene en mente el recorte de reducciones, exenciones y deducciones para ampliar bases y lograr que tributen más las empresas.
En lugar de incentivar la atracción de actividad económica que llevan a cabo unas Comunidades frente a otras reduciendo impuestos para atraer inversión y generar crecimiento económico, lo que se plantea es igualar a todas las regiones con tipos impositivos en su parte alta. Además, esta medida no se aplica a los territorios forales , con lo cual van a poder tener un nuevo instrumento de ventaja competitiva frente al resto de las regiones.
En relación con el IVA, el Gobierno estudiar implantar un tipo único que podría situarse en el 15%, eliminando el tipo reducido del 10% de la industria turística, la hostelería, la rehabilitación y reformas, transportes, entre las más importantes. Estamos hablando de una actuación que afectaría de lleno a motores de la economía española. O, por ejemplo, el 4% en sectores y productos como el pan, la alimentación en general o los libros. La consecuencia directa será un descenso del consumo de las familias.
En el sector inmobiliario, la reforma fiscal propone la reducción por arrendamiento de la vivienda y que los rendimientos inmobiliarios tributen como un ahorro, con el objetivo de recaudar más en un ámbito que ya tiene de por sí una presión fiscal muy elevada. Esta medida provocará colateralmente que se reduzca la oferta de viviendas en alquiler.
El catálogo también aborda la supresión del sistema de los módulos en el colectivo de los autónomos, que tradicionalmente se ha rechazado en numerosas ocasiones, porque ocasionaría la desaparición de miles de negocios pequeños.
En cuanto al Impuesto de Sociedades se plantea gravar más las actividades empresariales en el exterior, que tienen más potencial recaudatorio, perjudicando la internacionalización de las empresas.
Fiscalidad verde que se ensaña con el transporte
Los impuestos verdes vapulean especialmente al transporte de mercancías, que atraviesa un momento delicado. El Gobierno estudia elevar los impuestos del diesel, equipararlos al resto de combustibles y establecer peajes en las principales autovías del país.
Esta medida da en la línea de flotación de un sector esencial para el tránsito de las mercancías y productos empresariales, que está sufriendo también los desorbitados precios de los combustibles, sin ninguna alternativa energética viable en la actualidad.
El pago de peajes por el uso de las autovías es especialmente sangrante para un sector logístico que distribuye el 95% de las mercancías en España por carretera. Las autovías son las infraestructuras de comunicaciones más transitadas por los transportistas.
Además, El Gobierno analizará incorporar nuevos impuestos para la compra y tenencia de vehículos, gravando más la contaminación que generan e incrementar los impuestos de matriculaciones y de circulación.
El Gobierno plantea más herramientas para asfixiar la actividad económica, como son el cobro por la gestión del agua y de los residuos, el uso de los plásticos o la extracción de áridos.
Y tampoco se libra el sector agrario y ganadero, porque se gravará más el uso de fertilizantes y se contemplan nuevas cargas para las instalaciones industriales ganaderas, sobre todo aquellas que son de mayor tamaño.
En definitiva, se trata de un extensísimo catálogo de cargas fiscales que terminará ahondando en la crisis, o si se ponen en marcha, cuando haya más actividad económica frenará la recuperación del país y será muy perjudicial para empresas y autónomos, agotando el consumo de las empresas y de las familias, aspecto que incide en la generación de empleo.
Alternativas de la Administración Pública para ingresar más
Las empresas, la actividad económica en España y en las autonomías son la principal fuente de recaudación pública. La tradicional voracidad de los Gobiernos responde a un modelo intervencionista que, lejos de animar a la inversión y a la generación de riqueza, la coarta, la frena y la limita.
Ante la indiscriminada propuesta fiscal de aumento masivo de impuestos y cargas, la Administración del Estado y el Gobierno tienen algunas alternativas muy claras. La primera de ellas es reducir el elevado gasto público y, por otro lado ,mejorar su eficiencia. Gastar menos y hacerlo mejor.
La segunda, que es fundamental, perseguir con firmeza el fraude que supone la actividad clandestina y de la economía sumergida, que daña gravemente a las empresas que cumplen con sus obligaciones, la inmensa mayoría de este país afortunadamente, y finalmente a toda la sociedad.
