Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales.
Los firmantes de este manifiesto son la Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE. Estas organizaciones representan a la mayoría del comercio del país, agrupan 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo. El sector comercial tiene un peso en la economía española del 13,0%, siendo una de las actividades más relevantes de la estructura productiva. Es el primer sector de la economía española en términos de empleo. Según los afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17% del total de afiliados.
Al cumplirse un mes de cierre forzado de los establecimientos, y ante la perspectiva de más semanas sin actividad, las organizaciones denuncian que los comercios se enfrentan a una situación sin precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos que provocará el cierre de hasta el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo.
De forma conjunta, las organizaciones manifiestan la enorme dificultad de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales. Reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso, si bien, consideraran que el Gobierno debería establecer un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el periodo de cierre de puntos de venta y el periodo posterior a la apertura. Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento. La norma deberá contemplar desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses
siguientes a su terminación.
Las organizaciones instan también a la revisión y adecuación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales tanto a nivel de calle como dentro de los centros y áreas comerciales.
Se hace precisa la creación inmediata de un foro de diálogo impulsado por las administraciones, que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. De este foro, deben salir medidas de carácter legislativo. Del mismo modo que existe un marco laboral que protege a trabajadores y a empleadores ante estas contingencias, deben de existir disposiciones que permitan la adecuación de los alquileres al cese forzado de actividad y a la escalonada vuelta a la normalidad. Estas medidas temporales deberán estar vigentes en tanto no se restablezca en plenitud la situación anterior.
Las organizaciones solicitan de las administraciones competentes la constitución urgente de una mesa de trabajo que consensue la adopción de medidas inmediatas que permitan alejar a empresas de su destrucción y a familias e individuos de su desestabilización.
