Siete meses después de su entrada en vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021 ha tenido escasos efectos sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y los productores agrarios ven como los precios en origen siguen cayendo, mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra. La Ley de la cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales.
Según los datos que maneja ASAJA en Valencia, las primeras operaciones de compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción. En el caso de la naranja Navelina ofrecen precios en torno a 0,21 euro/kg , mientras que los gastos que supone el cultivo de la naranja superan los 0,32 euros/kg, después de haber aumentado estos últimos un 40% en dos años.
Esta situación se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas. Los productores de Murcia denuncian como sandias, lechugas o albaricoques triplican sus precios del campo al mercado y desde ASAJA en Alicante se advierte de un desplome del consumo de fruta debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando lo habitual es del 300%. Este alarmante desplome del consumo ha sido confirmado por la propia la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “uno de cada cinco consumidores admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras”.
En estos momentos se pone de manifiesto, más que nunca, los tremendos desequilibrios de fuerzas que hay en la cadena de valor, los abusos comerciales existentes y el nulo papel de los productores que, sobre todo en productos perecederos, no pueden repercutir la escalada de costes porque el precio les viene impuesto.
En opinión de ASAJA, esta Ley de la Cadena Agroalimentaria debe ser urgentemente mejorada con el fin de corregir estas deficiencias que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores. Por ello, seguimos insistiendo, como ya lo hicimos en la tramitación de la Ley, en la necesidad de contar con índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias.
Igualmente pedimos que la AICA realice más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la Ley. Recientemente hemos conocido que casi el 70% de las denuncias que llegar a la AICA son finalmente sancionadas, lo que indica que el abuso comercial sigue estando presente y que a la Ley le queda recorrido para cumplir con su objetivo, ya que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático.
Por último, vigilaremos con detalle lo que ocurra a partir de enero de 2023 cuando entre en funcionamiento el registro de los contratos agroalimentarios en el que se deberán reflejar los contratos superiores a un importe de 1000 euros, que son prácticamente la mayoría, y si a partir de ese momento se multiplica la efectividad de la ley.
