Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado este jueves las nuevas normas comunitarias para combatir el blanqueo de capitales y que incluyen, entre otras cuestiones, penas de privación de libertad con una duración máxima de cuatro años.
Los Veintiocho han dado su visto bueno al acuerdo preliminar que alcanzaron el pasado 30 de mayo con los negociadores del Parlamento Europeo sobre la nueva directiva con la que la UE pretende dificultar y bloquear el acceso de delincuentes a recursos financieros especialmente para emplearlos en actividades terroristas.
Para ello, las nuevas reglas buscan homogeneizar la definición de los delitos penales y sanciones relativas al blanqueo de capitales, eliminar los obstáculos a la cooperación judicial y policial entre los socios comunitarios y adaptar la legislación de la UE a las obligaciones internacionales derivadas del Convenio del Consejo de Europea sobre el blanqueo, el Convenio de Varsovia y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Así, el texto definitivo acordado por las instituciones legislativas de la UE establece que los delitos de blanqueo de capitales podrán castigarse con penas de privación de libertad de una duración máxima de cuatro años.
Además, las autoridades judiciales podrán imponer sanciones y medidas adicionales aparte de las penas de prisión, como multas o una exclusión temporal o permanente del acceso a fondos públicos.
También se aplicarán circunstancias agravantes a casos vinculados a organizaciones delictivas o por delitos cometidos en el ejercicio de determinadas actividades profesionales. Los Estados miembros podrán definir estos agravantes según el valor de los bienes o capitales blanqueados o la naturaleza del delito.
Otra de las novedades es que las personas jurídicas también podrán ser consideradas responsables de determinadas actividades de blanqueo de capitales y podrán enfrentarse a diferentes sanciones, como la exclusión de las ayudas públicas o el sometimiento a vigilancia judicial.
Por último, la nueva directiva incluye normas para definir qué Estado miembro tiene jurisdicción y la cooperación entre los países afectados en delitos que afecten a varios de ellos.
