Representantes de las instituciones europeas, Administración central, y del sector han mostrado unanimidad en la defensa del modelo español de autobús, así como su preocupación por el riesgo que supone para su viabilidad, el paquete de Movilidad II, relacionado con el transporte de viajeros en autobús, actualmente en tramitación en la Unión Europea.
Así lo han manifestado en el transcurso de la jornada celebrada ayer por la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, bajo el título “Hacia un verdadero transporte europeo por carretera: Paquete Legislativo I Mercancías y Paquete Legislativo II- Viajeros”.
En concreto, la mesa redonda donde se ha debatido sobre este paquete legislativo ha estado integrado por la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, por parte del Ministerio de Fomento; Vicente Salvador, consejero de Transporte en la Representación Permanente de España ante la UE, los eurodiputados, Luis de Grandes (PPE) y Peter Kouroumbashev (S&D), y por el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo.
La secretaria general de Transporte, Carmen Librero, ha señalado que “los objetivos del Ministerio de Fomento son la conectividad y la cohesión de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos, y esa conectividad y cohesión es sobre la que se asienta el modelo de transporte de viajeros por carretera. Y no vamos a renunciar a ello. Nuestro modelo se basa en tres pilares: transparencia, competitividad y eficiencia”. Librero afirmó que, además, “los propios usuarios reconocen que es un modelo de éxito”. Pidió que se preserve este modelo y mostró la intención del Ministerio de que se respeten todas las ventajas de dicho modelo en el paquete legislativo.
El director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, mostró la “profunda preocupación” del Ministerio de Fomento por la propuesta presentada por la Comisión Europea. Hizo hincapié en que el éxito del modelo está en la combinación de los tráficos rentables y no rentables. Los primeros son los que soportan el modelo y permiten que España tenga unas tarifas muy competitivas y un servicio de calidad. “Si tenemos que compartir los tráficos rentables, el modelo está abocado al fracaso”. “En España apostamos porque la nueva regulación comunitaria sea compatible y defienda nuestro modelo”.
El eurodiputado del PPE, Luis de Grandes, advirtió que con la nueva regulación “la red española se vendría abajo con el consiguiente aislamiento de los núcleos rurales. Actualmente, no existe población en España con más de 50 habitantes que no esté atendida. Las Administraciones públicas tendrían que intervenir con subvenciones para compensar las obligaciones de servicio público (OSP), que serían superiores a 500 millones de euros anuales”.
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, puso en valor las principales aportaciones que hace el sector a la economía y a la sociedad españolas. Asimismo, destacó que el sector cuenta con la flota más moderna de Europa. “Sus autobuses tienen una media de 5,6 años”. También, es el medio más económico: “el precio medio del billete interurbano (euros/viajero-km) es de 0,056 euros y la tarifa interurbana (euros/viajero-km ida) entre Madrid y Barcelona es de 0,05 euros”. Asimismo, resaltó que “España es el segundo país de la Unión Europea cuyos usuarios de autocar más alto valoran los servicios, con un 83% de satisfacción”.
Respecto a la normativa europea en trámite aseguró que “vulnera los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y no discriminación entre Estados Miembros reconocidos por el Derecho de la Unión Europea. Invade las competencias nacionales y es incompatible con el Derecho comunitario para Servicios de Interés Económico General (SIEG) y OSP. Además, socava los principios que sustentan el sistema español de transporte público de viajeros que, además de respetar escrupulosamente el Derecho de la UE, se caracteriza por la seguridad y la calidad a precios asequibles, la sostenibilidad medioambiental, la estabilidad laboral, su decisiva contribución a la vertebración territorial y una ejemplar eficiencia económica por su limitadísimo impacto en el erario público y, por tanto, en el contribuyente”.
“Es difícil justificar porque un sistema que funciona, garantizando la movilidad ciudadana, incluso en circunstancias menos favorables a precios y en condiciones de calidad y seguridad más que aceptable, haya de ser modificado; máxime si no entraña elemento de discriminación alguno en relación a las empresas que pueden concurrir a la adjudicación del contrato”, concluyó.
