Muchas pymes vuelven hoy 1 de septiembre a sus lugares de trabajo tras casi 6 meses de teletrabajo con medidas de prevención y de reorganización del trabajo.
El objetivo es garantizar un retorno seguro, con medidas como la realización de PCRs o novedosas fórmulas de organización del trabajo, imponiéndose fórmulas mixtas, con parte de las jornadas en presencia y parte en trabajo a distancia.
La reincorporación de cientos de miles de trabajadores a la jornada “presencial” ha implicado la adaptación de los distintos lugares de trabajo a las normas de salud pública establecidas por sanidad. Concretamente, las empresas han llevado a cabo tres tipos de medidas: de prevención (reorganización de puestos de trabajo, turnos, información, realización de PCRs, etc.) de protección (instalación de mamparas, distancias y barreras de seguridad, entrega de EPIs, etc.) y de higienización (limpieza intensiva periódica de puestos de trabajo y espacios comunes, instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, etc.).
Desde Cepyme destacamos que el cumplimiento de estas medidas está suponiendo un gran coste para las pequeñas y medianas empresas, que están destinando de media para una microempresa de 5 trabajadores más de 2.000 euros, pruebas PCR aparte, para adaptar sus instalaciones de acuerdo con los requerimientos sanitarios. No obstante, estos gastos aumentan conforme al número de trabajadores y dependiendo de las características de cada lugar de trabajo. Lo que supone un importante desembolso en un momento en el que la actividad económica se encuentra dañada y todavía muy paralizada para la mayoría de ellas.
A esto hay que añadir la realización de pruebas PCR, que se está llevando a cabo de forma generalizada como medida preventiva. El coste de una PCR por trabajador es, en promedio, 180€, por lo que es un importe muy elevado para una pyme (por ejemplo, una empresa con 5 trabajadores tendría que desembolsar mínimo 900€).
Sin embargo, para que estas pruebas fueran realmente efectivas deberían realizarse de forma periódica, pero su coste lo hace totalmente inviable sobre todo para las empresas con menor capacidad. De hecho, dado que la COVID19 es un problema de salud pública no de naturaleza laboral, el coste de las pruebas PCR debería ser asumido por el erario público.
Para la pequeña y mediana empresa el cumplimiento de estas medidas y la realización de PCRs es vital porque para la mayoría la cuarentena obligatoria a sus equipos de trabajo y/o cerrar sus negocios cuando aparece un positivo o un contacto cercano a un positivo supone un alto coste ya que se traduce en la pérdida de contratos y de servicios contratados.
Organización del trabajo
El confinamiento provocó que una modalidad laboral como el trabajo a distancia, prácticamente residual en nuestro país, creciera enormemente. De acuerdo con el barómetro de la PYME realizado durante el confinamiento un 43% de las pequeñas y medianas empresas optaron por esta práctica para continuar con su actividad, lo que demuestra una gran resiliencia de las pymes españolas, ya que se adaptaron rápidamente a este nuevo e imprevisto escenario económico, productivo y social.
Desde CEPYME observamos que muchas empresas optarán por fórmulas mixtas, de septiembre en adelante, con el objetivo de garantizar tanto su funcionamiento como la seguridad y salud de los trabajadores.
Así, la mayoría se está organizando con parte de la jornada presencial y parte a distancia, también con turnos alternos, con coordinación de desplazamientos o, por ejemplo, con el establecimiento de horarios especiales de entrada y salida y para comer, siempre con el fin de evitar una coincidencia masiva de personas en los espacios de trabajo y minimizar el riesgo de contagio.