La posible supresión de la exigencia de documento público en la compraventa de participaciones sociales abre un debate de gran calado pues, lejos de simplificar el tráfico mercantil, podría generar inseguridad, aumentar los conflictos y debilitar los controles contra el fraude.
La transmisión de participaciones sociales exige su formalización en escritura pública, lo que garantiza la identidad, voluntad y capacidad de las partes intervinientes, la legalidad, en su caso, de la representación alegada, la legalidad de la operación y la correcta acreditación de la titularidad. La propuesta de eliminar este requisito busca, en teoría, agilizar y abaratar las operaciones, creyendo que puede ser substituido por una mera inscripción en un registro. Pero el efecto será justamente el contrario: mayor complejidad, más costes indirectos y un deterioro general de la seguridad jurídica.
Como habrá menos garantías crecerá la incertidumbre. La intervención notarial es un filtro previo de legalidad y veracidad, sustituirla por documentos privados que deban acceder a un mero registro supondrá abrir la puerta a un escenario de incertidumbre en aspectos clave como dificultad para acreditar la fecha y condiciones reales de la transmisión; mayor riesgo de falsificaciones o versiones contradictorias; y menor valor probatorio en caso de conflicto judicial. La consecuencia será un debilitamiento del principio de seguridad jurídica, esencial para el buen funcionamiento del mercado.
Todo esto provocará más conflictos en los tribunales. El modelo actual no solo formaliza operaciones, también previene litigios. Sin ese filtro, aumentan las disputas sobre el consentimiento de las partes, su capacidad, voluntad, representación, etc., así como conflictos por la fecha efectiva de la operación, incumplimiento de derechos de adquisición preferente, transmisiones múltiples o incompatibles. Todo ello provocará un incremento de la litigiosidad mercantil, con mayores costes para empresas y ciudadanos, más presión sobre los tribunales, y un incremento importante en el gasto público.
Será un golpe en la lucha contra el blanqueo ya que la intervención notarial permite identificar a los intervinientes, verificar al titular real y detectar operaciones sospechosas. Sin ella, las sociedades y particulares podrán convertirse con mayor facilidad en instrumentos de opacidad financiera ocultando el beneficiario efectivo, haciendo movimientos societarios sin supervisión institucional adecuada y canalizando fondos de origen ilícito, lo que, no solo tendría impacto interno, sino también en la evaluación internacional de España en materia de transparencia financiera.
También se podrán facilitar prácticas irregulares dentro del tejido empresarial que afectarán no solo a los socios, sino también a terceros como acreedores, inversores o entidades financieras, que dependen de información fiable para tomar decisiones.
Todo esto generará un impacto económico, pues habrá más desconfianza e inversión a la baja, los inversores deberán actuar con mayor cautela, se dificultará la financiación bancaria, y, en última instancia también influirá en la valoración de las empresas y de la economía española. Se va a provocar un aumento los costes de verificación jurídica (Due Diligence), ralentizando operaciones y restando competitividad al mercado español.
Organismos internacionales y europeos evalúan aspectos como la transparencia, la seguridad, la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y la integridad financiera; retroceder en estas áreas se traducirá en menor atractivo para la inversión extranjera.
La eliminación de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales se quiere presentar como una simplificación administrativa. El análisis apunta a un efecto contrario: más inseguridad, más litigios, mayor riesgo de fraude y un deterioro de la confianza en el sistema.
Es la calidad de la información contenida en el registro lo que determina la utilidad y valía del mismo, y esto solo se logra con el documento público.
Lejos de beneficiar al conjunto de España, la medida generará costes ocultos que acabaran asumiendo empresas, ciudadanos y la propia Administración. En un contexto donde la transparencia y la seguridad jurídica son activos clave, reducir garantías no parece el camino más adecuado.
Te puede interesar
