El mercado laboral consolida el récord de cotizantes por encima de los 21 millones en marzo. Los buenos datos del mes pasado, que cerró con 161.491 cotizantes más, presentan una ralentización estacional no significativa, al no coincidir la Semana Santa en marzo como el año anterior y pese la intensa pluviosidad registrada.
No obstante, la evolución del mercado laboral deberá ser observada en los próximos meses ante la creciente incertidumbre tanto normativa como geopolítica.
A las alzas sostenidas de los costes laborales que sufren las empresas, se une la indefinición sobre la reducción de jornada y el impacto que los posibles aranceles estadounidenses puedan tener sobre el tejido productivo español. Estos tres factores -costes laborales, incertidumbre normativa interna y dudas sobre la marcha del comercio internacional- son más lacerantes para las empresas más pequeñas.
Por otra parte, continúa la divergencia entre la evolución del empleo público y el privado: ya van 23 meses consecutivos en que el primero presenta un crecimiento mayor que el segundo. En marzo, las variaciones interanuales fueron, respectivamente, 2,9% y 2,1%. Tras dos meses de variaciones interanuales positivas, el sector de la agroganadería volvió a destruir empleo en los últimos dos meses. En los últimos 12 meses perdió 17.800 afiliados.
CEPYME reconoce el esfuerzo de los empresarios en el mantenimiento y la creación de empleo -que se materializa en la consolidación de los más de 21 millones de cotizantes- pese al entorno adverso de elevados costes operativos, laborales, tributarios y burocráticos y la incertidumbre sobre las medidas laborales.
La Confederación de las pymes insiste en los efectos negativos de la incertidumbre jurídica, la indefinición sobre la reducción de jornada y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en sectores especialmente vulnerables a estas medidas e intensivos en empresas de pequeño tamaño y microempresas. Por otra parte, CEPYME reitera el efecto contractivo de los altos costes laborales en general y su especial impacto en el sector primario y el comercio, aquejados además de una elevada presión burocrática y normativa.
