El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentará este miércoles, 13 de julio, sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en España para calcular las cantidades que los bancos deberán reintegrar a quienes suscribieron contratos hipotecarios con cláusulas abusivas.
Las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal europeo, que dictará sentencia firme sobre este asunto a finales de año, pero en la mayoría de los casos las conclusiones coinciden con el fallo definitivo.
El tribunal debe pronunciarse sobre tres asuntos perjudiciales acumulados que plantean si el cálculo de las cantidades que la banca deberá devolver por estas cláusulas debe establecerse a partir del 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo las consideró prácticas abusivas, o bien a partir del inicio de cada contrato hipotecario, lo que podría costar unos 3.000 millones de euros adicionales a lo ya provisionado por la banca española.
En la vista oral que se celebró el pasado mes de abril para escuchar a todas las partes, la Comisión Europea defendió que los bancos deben devolver la totalidad de los importes de más cobrados por contratos hipotecarios con cláusulas suelo abusivas, algo a lo que se opone la Abogacía del Estado.
A juicio de Bruselas, si sólo se eliminan los efectos hacia el futuro se establecería «un incentivo económico claro y evidente» para seguir empleando cláusulas abusivas, ya que los profesionales se beneficiarían de ellas hasta que un tribunal nacional no declare su carácter abusivo.
La defensa de los afectados, por su parte, sostuvo que la devolución de la totalidad de estos importes no supondría riesgos sistémicos para la economía española y que, además, podría facilitar el «cumplimiento correcto» de las obligaciones adquiridas por parte de los clientes con las propias entidades financieras.
Mientras, las entidades financieras implicadas en estos tres asuntos (Cajasur, Banco Popular y BBVA) se refirieron a un informe que no es público del Banco de España elaborado para este procedimiento, según el cual España habría tenido que ampliar el rescate financiero si el Supremo hubiese obligado a devolver todos los importes cobrados desde el inicio de los contratos hipotecarios.
Según lo expuesto en abril por el abogado del BBVA, Juan Rodríguez Cárcamo, el citado informe cifró en entre 5.000 millones y 7.600 millones de euros el importe de las devoluciones entre el inicio de los contratos y mayo de 2013.
IMPACTO DE HASTA 3.000 MILLONES PARA LA BANCA
Si el TUE decide finalmente extender el periodo de retroactividad más allá del 9 de mayo de 2013, la banca española deberá afrontar un impacto negativo por valor de 3.000 millones de euros, según un informe de Goldman Sachs.
En términos absolutos, BBVA es la entidad española más expuesta, ya que tendría que afrontar provisiones por valor de 1.815 millones de euros al tratarse del banco español que maneja una mayor cantidad de activos hipotecarios.
Por detrás, Caixabank afrontaría cargos por valor de 660 millones de euros por este motivo, mientras que Popular y Bankia se enfrentarían a un impacto negativo de 334 millones de euros y 160 millones de euros, respectivamente.
En términos relativos, el impacto negativo de una sentencia favorable a la retroactividad total de las cláusulas suelo sería igual tanto para BBVA como para Caixabank, ya que ambas deberían provisionar una cifra equivalente al 36% de su beneficio neto, mientras que para Bankia se limitaría al 14%.
En una estimación anterior, Analistas Financieros Internacionales (Afi) calculó que las entidades financieras ingresaron casi 9.800 millones desde 2009 gracias a limitar en las hipotecas la caída del Euríbor.
Para ello, tuvo en cuenta que las entidades financieras españolas han percibido unos 4.474 millones de euros por la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas entre noviembre de 2009, cuando los bancos y cajas activaron su comercialización, y hasta el 9 de mayo de 2013. Una cifra que engrosaría la factura de 5.269 millones por los intereses cobrados desde la sentencia del Supremo hasta finales de 2015.
