El Tribunal de Cuentas plantea abordar «con urgencia» en el marco de los Pactos de Toledo la insuficiencia de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado (AGE), como las prestaciones no contributivas y universales, que a su juicio deberían provenir de la imposición general y no de las cotizaciones.
Así se desprende de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, presentada por el Tribunal de Cuentas y en la que el pleno del organismo analiza la fiscalización de la cuenta general del Estado en su conjunto y la del sector público administrativo, empresarial y fundacional.
El Tribunal de Cuentas pide adaptar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados a través de este sistema, para impedir que «el actual desfase siga produciendo un incremento del déficit de la financiación afectada».
En este sentido, advierte de que a medio plazo esto puede dificultar la separación de fuentes de financiación en el sistema y a corto plazo, «generar tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social».
De esta forma, exige a la AGE que aporte las previsiones presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no contributivas, con el fin de lograr el objetivo de separación de fuentes de financiación en el Sistema, recogido en la recomendación primera del Pacto de Toledo, lo que permitirá evitar «tensiones de liquidez».
En el mismo informe, el Tribunal de Cuentas requiere a la Tesorería General que, en el plazo de seis meses, disponga de un Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad social «completo y actualizado».
En este sentido, insta a que dicho inventario esté «conciliado» con las cifras registradas contablemente, y especialmente en relación a las cuentas de terrenos y bienes naturales y construcciones.
Además, constata que subsisten las «discrepancias» entre la contabilidad de la TGSS y de la AGE respecto a las insuficiencias de financiación de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social de financiación obligatoria por el Estado.
Entre ellas destaca que la TGSS refleja en su balance a 31 de diciembre de 2014 unos derechos frente al Estado por 3.372,4 millones de euros, mientras que el balance de la AGE a la misma fecha no incluye la partida recíproca de obligaciones.
En relación con los 11 préstamos otorgados por la AGE a la Seguridad Social y pese a las reiteradas recomendaciones recogidas en anteriores declaraciones de cuentas, el Tribunal de Cuentas reprocha que «tampoco se ha procedido a su cancelación».
FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En cuanto a la falta de rendición de las cuentas individuales, señala que en el sector público administrativo, frente al ejercicio 2013 en el que todas rindieron sus cuentas anuales, en 2014 la Confederación Hidrográfica del Tajo no las rindió.
En el sector público empresarial no lo hicieron tampoco las cuentas del Consorcio de Río San Pedro; Telemática Portel y Serviport Andalucía, lo que supone el 1,8% del total de entidades de ese sector. En lo que respecta a las fundaciones del sector público estatal, volvió a disminuir el número de las que incumplen, al registrarse solo un caso.
PIDE ACTUACIONES PARA CONOCER LOS COMPROMISOS DE GASTO DE ENTIDADES
De igual forma, recomienda llevar a cabo las actuaciones necesarias para que las entidades del sector público administrativo registren contablemente la totalidad de los compromisos de gasto con cargo al presupuesto de ejercicios posteriores.
A 31 de diciembre de 2014, el importe de los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores que estaban pendientes de registrar contablemente en la AGE era de 133,7 millones de euros y en el organismo autónomo Mancomunidad de los Canales de Taibilla, de 145,31 millones de euros.
Igualmente, pide que se vigile la adecuada publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los resúmenes de las cuentas de las entidades públicas y que dicho resumen recoja información «suficiente y adecuada» para conocer la actividad y situación de la entidad correspondiente.
En el sector público administrativo todas las entidades que han rendido han cumplido con dicha obligación, mientras que en el sector público empresarial, no han cumplido con esta obligación cuatro
consorcios y un organismo, así como todos los grupos consolidados excepto uno que las publicó fuera del plazo legalmente establecido.
Respecto al sector público fundacional, continúa manteniéndose un elevado número de fundaciones que incumplen dicha obligación, con un total de 12 en 2014, lo que representa un 29% del total.
De esta forma, pide avanzar en la mejora de la planificación, presupuestación y rendición de cuentas del sector público empresarial y fundacional. En particular, mejorar la elaboración y rendición de los presupuestos aprobados para cada ejercicio.
