Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) adoptarán este martes el dictamen de Bruselas que certifica la falta de «medidas eficaces» por parte de España y Portugal para reducir sus déficit públicos a los niveles pactados con la UE, lo que activará el plazo de 20 días para que la Comisión fije la cuantía de la multa que les corresponde y de los fondos europeos que les serán congelados.
La decisión se tomará «sin grandes dramas», en palabras de un alto funcionario europeo, durante una votación en la que ni España ni Portugal podrán tomar parte, y en la que sólo los países de la eurozona podrán participar. El juicio de Bruselas será aprobado por los ministros si no hay una mayoría cualificada que se oponga a ello.
Aunque los Estados miembros no han tenido ocasión de discutir la opinión negativa de la Comisión Europea desde que fue oficializada el pasado jueves, fuentes europeas han señalado que en las reuniones de preparación del Ecofin las delegaciones ya se hacían una idea de cuál sería el veredicto y no se vieron señales de que hubiera oposición.
Una vez se adopte el dictamen, la Comisión Europea contará con un plazo de 20 días para fijar el importe de la multa que, en el caso de España, podría ascender hasta los 2.000 millones de euros (un 0,2 % de su PIB) e incluirá la congelación de hasta el 50 % de los fondos comunitarios que le corresponden en 2017.
En la argumentación de su valoración, Bruselas reprochó al Gobierno de Mariano Rajoy una «relajación» en los esfuerzos para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y que no aprovechara el ritmo de crecimiento para acelerar la corrección del déficit.
«Se relajó la política presupuestaria, en particular mediante una reforma fiscal y un crecimiento dinámico del gasto», según describe la opinión colegiada de la Comisión, que, sin embargo, reconoce los esfuerzos de España para salir de la crisis y ha recordado que las reglas permiten «rebajar, incluso reducir a cero» la sanción por el incumplimiento.
Por ello, España tendrá diez días –hasta el 22 de julio– para argumentar su defensa y tratar de convencer a Bruselas de que no debe ser sancionada. El Gobierno prevé presentar sus alegaciones «al día siguiente» de que el Ecofin active el procedimiento formal, según dijo el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Se espera también que el Ejecutivo comunitario dé a conocer su propuesta de multa a más tardar en el último Colegio de Comisarios que se celebrará antes del parón estival, el 27 de julio. Su decisión se haría efectiva si en un plazo adicional de diez días el Consejo no se opone a su propuesta.
La evaluación de Bruselas considera «insuficiente» la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a las recomendaciones del Consejo de 2013 para corregir la senda y advierte de que no sólo no ha cumplido con el objetivo intermedio de situar el déficit en un 4,2% en 2015.
Bruselas, además, duda de que España pueda cumplir este año con su obligación de situar el déficit por debajo del umbral del 3 %, y por ello contempló el pasado mes de mayo darle un año más.
Sin embargo, esta semana dijo que ese calendario ya no valía y que presentaría una nueva senda próximamente, lo que podría abrir la puerta a dos años de prórroga en lugar del año adicional que defiende Madrid.
De acuerdo a las estimaciones recogidas en el dictamen de Bruselas, España sumará un 3,9 % de déficit este año y seguirá incumpliendo sus obligaciones en 2017, cuando el desvío en las cuentas públicas siga siendo del 3,1 %.
