Las asociaciones AEB y CECA consideran que la decisión de crear un nuevo impuesto bancario afecta al crecimiento económico, y en caso de aprobarse en los términos anunciados, no descartan acudir a los tribunales puesto que subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor.
Las asociaciones advierten que merma el crédito a familias y empresas, especialmente a las pymes, que suponen el soporte del tejido productivo español y la base de creación de empleo.
El sector recuerda que, en un contexto de tensión geopolítica global y en el que España al igual que Europa enfrenta la necesidad de inversiones millonarias, la financiación bancaria es imprescindible para que se puedan acometer.
Muestra además su rotundo rechazo a un impuesto discriminatorio, que estigmatiza y perjudica la competitividad de los bancos españoles. Es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE, siendo España el único país que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario.
La banca española sigue trabajando diariamente para cumplir su función en la dinamización de la economía y la fluidez del crédito, y para asegurar la protección de sus clientes y accionistas.
