La Comisión Europea adoptará este jueves la decisión formal que juzga insuficientes las medidas tomadas por el Gobierno español para controlar el déficit excesivo, lo que supone un primer paso hacia el procedimiento sancionador que podría llevar a Bruselas a proponer más adelante una multa de 2.000 millones de euros para España y la congelación de ayudas europeas.
El Ejecutivo considera que el Gobierno no ha tomado «medidas eficaces» para corregir el desvío en los objetivos de déficit comprometidos por España con la Unión Europea, según han indicado a Europa Press fuentes europeas, que apuntan que habrá una opinión igualmente negativa para el caso de Portugal.
El déficit público de España alcanzó el pasado año el 5% del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso adquirido con el Ejecutivo comunitario de reducirlo hasta el 4,2%.
La presidencia de turno de la Unión Europea –que desde este mes ocupa Eslovaquia– prevé incluir esta opinión en el orden del día de la reunión del consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) del próximo 12 de julio, pese a que se especuló con que Bruselas quiso dilatar los plazos para retrasar hasta otoño la posible multa a España.
Si el Consejo valida el 12 de julio el dictamen negativo se activará un plazo de 20 días para que la Comisión proponga una multa, que incluye un plazo de 10 días para que el Gobierno presente sus alegaciones en contra. Ello permitiría al Colegio de Comisarios proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego, el próximo 27 de julio.
Las reglas de disciplina fiscal prevén para los países incumplidores una multa equivalente al 0,2% de su PIB, lo que en el caso de España ascendería a unos 2.000 millones de euros, aunque Bruselas tiene margen para reducir hasta cero el precio del castigo. El modelo de sanción incluye, además, la congelación de una parte de los fondos comunitarios asignados al Estado miembro en el año posterior, es decir, a 2017.
DECISIÓN «CON INTELIGENCIA»
El Colegio de Comisarios ya discutió la cuestión el pasado martes, según confirmó tras la reunión el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, quien dijo que la decisión no estaba aún tomada pero que llegaría «muy pronto», sin dar más detalles.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del Euro, Valdis Dombovskis, tampoco quiso adelantar el sentido del dictamen durante una comparecencia ante eurodiputados este miércoles, pero defendió la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para proteger la «credibilidad» de la Eurozona.
No obstante, añadió que Bruselas tendrá en cuenta «las reformas y esfuerzos fiscales» asumidos por Madrid y Lisboa y aplicará las reglas «con inteligencia».
Precisamente este miércoles, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, viajó a Estrasburgo (Francia) para abordar esta cuestión tanto con Moscovici como con Dombrovskis en dos reuniones consecutivas.
Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio, de Guindos expuso a los representantes comunitarios los escenarios presupuestarios de España y su compatibilidad con el actual procedimiento de déficit excesivo, pero no trató la amenaza de multa porque el Gobierno está convencido de que «no la va a haber».
