El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe del IEE “La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024”, donde se recogen un año más los resultados de dicho índice, elaborado por la fundación Heritage, y adaptado al español por el Instituto de Estudios Económicos.
Según el Índice de Libertad Económica (ILE) del año 2024, España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, en la posición 55 de 184 del ranking global, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas. Por otro lado, España, con un valor en el ILE 2024 de 63,3 puntos, mantiene la posición 31 de 38 en el ranking de la OCDE. La puntuación que obtiene es un 9,7% inferior a la del promedio de los países desarrollados, afectada por un gran tamaño del Estado y una salud fiscal deteriorada, y un 23,7% inferior a la del país de la OCDE que presenta mejores prácticas en el ámbito de libertad económica, en este caso, Suiza. La economía española se encuentra claramente alejada de la mayor parte de los países desarrollados y se ha mantenido estancada en la evolución de este índice durante este último periodo.
Con respecto a su comparativa con el ILE de la Unión Europea, cuyo promedio en base OCDE=100 se sitúa en 99,2, España ha descendido una posición respecto al año pasado, ocupando, actualmente, la posición 23 de entre los 27 países que conforman la Unión Europea. Las políticas que permiten una mayor libertad en cualquiera de los ámbitos integrados en el Índice de Libertad Económica estimulan el crecimiento económico, lo que se traduce en una mejora del bienestar general. España ha obtenido una puntuación inferior a la media de la OCDE y a la de la UE en el resultado global del Índice, así como en varios de los subcomponentes; únicamente en seis de ellos presenta valores por encima de la media de la OCDE: derechos de propiedad, flexibilidad laboral, estabilidad monetaria, apertura comercial, facilidad inversora y solvencia financiera.
Las principales variables que condicionan las bajas posiciones de España son las relacionadas con el tamaño del Estado, como son la salud fiscal, el gasto público, la efectividad judicial, el buen gobierno y la carga impositiva, que son uno de los principales puntos débiles de la economía española.
La libertad de empresa en España
España presenta una libertad de empresa moderada, situándose en el puesto 24 de 43 países desarrollados con 97,7 puntos en 2024, destacando la necesidad de un marco regulatorio que fomente la productividad y la innovación empresarial para impulsar el crecimiento económico. En referencia al Índice de Libertad de Empresa, se puede observar que España se sitúa en la mitad inferior del grupo de los países desarrollados, lo que representa un nivel moderado de libertad de empresa en nuestro país en cuanto a fomento de la iniciativa privada y apoyo a las empresas se refiere. En 2024, la economía española se ha situado en el puesto 24 de los 43 países considerados, con 97,7 puntos, lejos aún de los 81,3 puntos que se obtuvieron en el valor de este índice en 2012.
Con respecto a la promoción de la libertad de empresa, el papel de las instituciones debería ser el de generar un entorno adecuado que fomente la actividad empresarial y que apoye a las empresas. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos por España en el ámbito de la eficiencia regulatoria, se puede concluir que el marco normativo español se encuentra rezagado con respecto al de los principales países desarrollados en cuanto al fomento de la inversión empresarial y al apoyo a la actividad de las empresas. A su vez, esta libertad de empresa se relaciona con múltiples variables económicas fundamentales, destacando su relación con la productividad. Por ejemplo, se puede constatar una relación positiva entre la productividad y la libertad de empresa.
Por último, se ha de resaltar el relevante papel que tiene el fomento de los procesos de innovación en el ámbito empresarial, como factor determinante para la mejora de la competitividad de las empresas, siendo este uno de los aspectos donde hay mayor margen de mejora de la libertad de empresa en cuanto al ámbito de la calidad de la regulación y el fomento de las infraestructuras e instituciones que mayor capacidad tienen para promover el desarrollo de este tipo de proyectos de inversión.
Una evaluación de la reciente intervención del Sector Público en la economía española
En el Informe del IEE se analiza la intervención del Sector Público en la economía a partir de una mayor presencia del componente público en la actividad empresarial. Se destaca la vinculación de este tipo de intervención del sector público con los derechos de propiedad, el buen gobierno, el gasto público, la libertad de empresa y la facilidad inversora entre otros componentes que integran el principio de libertad económica y concluye que este tipo de intervención obstaculiza la actividad empresarial y ocasiona peores resultados, en términos de asignación eficiente de los mercados en el sistema económico en su conjunto, al presentar la actividad empresarial de titularidad pública peores registros en términos de eficiencia que el sector empresarial privado.
A partir de la información suministrada por la Central de Balances del Banco de España se han calculado distintos indicadores/ratios en relación con las cuentas de resultados y el balance de estas compañías para 2022, observándose en todos ellos mejores resultados en las empresas privadas que en las públicas. En particular, en este periodo, la brecha relativa de eficiencia entre la empresa privada y la empresa pública en relación con la utilización de capital, esto es, la ratio entre producción y amortizaciones netas, deterioro y provisiones de explotación es un 62%, y este margen se ha incrementado en ocho puntos porcentuales con respecto a la experimentada en 2018.De igual forma, en 2022, la brecha de eficiencia entre la empresa privada y la pública en relación con la productividad laboral, como ratio entre el valor de la producción y gastos de personal, es de un 32%, ampliándose casi once puntos porcentuales durante los últimos cuatro años.
De igual forma, se establece una relación entre libertad económica y desigualdad, así como la vinculación que tienen determinadas políticas públicas de transferencias sobre la equidad, la eficiencia y el bienestar social. De los principales resultados obtenidos sobre este ámbito se ha de destacar que España ocupa uno de los primeros puestos del ranking en cuanto a que las políticas de transferencias públicas, en comparación con el resto de los países avanzados, favorecen, en mayor medida, a los tramos de rentas más elevadas. De esta forma, el diseño y la implementación de este tipo de políticas podrían estar generando una menor igualdad de oportunidades e irían en contra de algunos de los objetivos que persiguen este tipo de políticas referentes a la equidad y a la justicia social.
En este sentido, y con el fin de mejorar la equidad en la redistribución, si se asignara este tipo de prestaciones al quintil de población de mayor renta en porcentaje similar al promedio registrado por los países de la OCDE se alcanzaría, de igual forma, una significativa mejora de la eficiencia de gasto.
Esta convergencia hacia la asignación media que realizan los países de la OCDE al colectivo de mayores rentas, supondría, en España, reducir el porcentaje de transferencias monetarias recibidas por el quintil con mayor nivel de renta desde el 31% al 19%, lo que conllevaría una minoración del gasto público que equivaldría en torno a un 2% de PIB, ahorro que sería de menor cuantía si este remanente se redistribuyera entre los quintiles de población con menor nivel de renta y, en particular, si se aumentaran las cuantías destinadas a los colectivos más vulnerables, mejorando, de esta forma, la equidad del sistema de ayudas, y generando una mejora de la eficiencia del gasto público.
De igual forma, esta falta de equidad social, derivada de este fallo de la actuación del Sector Público en España, es un importante freno a nuestro crecimiento económico, ya que actúa como un obstáculo para la igualdad de oportunidades de los agentes económicos, genera ineficacia y una menor eficiencia del gasto público, así como cierta inestabilidad tanto política como económica.
Los países que tienen más orientada su asignación de transferencias reducen su riesgo de pobreza en hasta 20 puntos porcentuales, a diferencia de España que solo consiguió reducirla en 9,5 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de 2021. En este sentido, el informe destaca que España es uno de los países de la UE en los que no se focaliza adecuadamente la asignación de transferencias sociales a los colectivos más necesitados, y, por tanto, es de los que menos reduce el riesgo de pobreza a través del instrumento de transferencias públicas.
Esto, a su vez, ahonda en un menor impulso de proyectos de inversión empresarial y de emprendimiento de factores que son indispensables para la creación de empleo y, por lo tanto, para reducir y converger en tasa de desempleo con las economías más avanzadas de nuestro entorno, siendo esta la mejor de las políticas de equidad y de reducción de desigualdad de la renta.
Reivindicando al empresario
Como complemento a la libertad de empresa, es necesario reivindicar la figura de las empresas en el progreso social, y recordar su obligación de ser rentables y obtener beneficios. La contribución de una empresa al PIB es, grosso modo, la suma de los salarios e impuestos que paga, junto con los beneficios que obtiene. Las empresas que no generan beneficios no tienen garantizada su existencia a lo largo del tiempo y estos beneficios no son posibles sin empleo que complemente al capital. A fin de cuentas, los beneficios no dejan de ser la recompensa de funcionar en las fronteras del crecimiento empresarial y de la eficiencia en la producción y en la innovación de productos y procesos.
Una empresa que no invierte tiene comprometido su futuro, ya que es necesario reemplazar el capital fijo consumido en el proceso productivo y, si es posible, intensificarlo para incorporar nuevo capital y cumplir los requerimientos de digitalización y sostenibilidad. Si nuestros empresarios no invierten no es porque no quieran, sino porque no tienen la confianza suficiente en recuperar su inversión y obtener una rentabilidad mínima suficiente. Los que tienen pérdidas o escasos beneficios, no sólo generan recursos insuficientes para financiar sus nuevos proyectos, sino también para acceder al crédito y a los mercados de capitales.
El problema no es sólo obtener rentabilidad, que también, sino que esta rentabilidad compense el coste del capital y la prima que una actividad intrínsicamente de riesgo, como es la actividad empresarial, debe soportar. Por un lado, por las subidas de los costes financieros de los últimos dos años y el abuso de las alzas de los impuestos empresariales y patrimoniales (que configuran la componente fiscal del coste de capital), que además de restar recursos, desalientan fuertemente a nuestros empresarios. Por el otro, por la mayor prima de riesgo exigida por los inversores a la actividad empresarial, en un contexto sociopolítico en el que configurar un clima favorable a la empresa no es una prioridad, y en el que se aprueban y se anuncian, aunque no lleguen a aprobarse, continuas medidas de incrementos de costes.
Llegados a este punto, es importante reivindicar más que nunca la figura del empresario y lo positivo de su actividad. Resulta especialmente deleznable y reprobable señalar nominativamente a algunos de nuestros empresarios de más éxito que, además, son grandes fortunas en nuestro país. El error es que, al centrarse en la variable final del proceso económico, la riqueza, se obvia que en el mercado el beneficio acumulado (riqueza) no es sino la cuantificación contable y económica de sus aportaciones previas o de sus familias al producto social, descontados los impuestos soportados, las nóminas de los ingentes empleos generados y las retribuciones de los ahorradores que financiaron sus inversiones. La expectativa de obtener beneficios, y poder llegar a ser uno de estos grandes empresarios en el futuro, es el mejor aliciente para que siga subsistiendo la ilusión de muchos de ser empresarios en nuestro país a la hora de seguir emprendiendo e invirtiendo.
Desasosiega que España sea uno de los países de la UE donde nuestros jóvenes más aspiran a ser funcionarios, y no a ser los empresarios y empresas que generan nuestra riqueza, y que en última instancia hacen posible esta sociedad moderna y próspera que todos disfrutamos. El problema es que cuando cuestionamos a un empresario, que deberían ser las personas con mayor reconocimiento de nuestra sociedad, estamos destruyendo los incentivos de muchas personas que podrían llegar a ser también grandes empresarios del futuro, que ven cómo invertir, innovar, asumir riesgos, trabajar y esforzarse, no sólo se traduce en una vida repleta de dificultades y adversidades, sino también de este tipo de reprobaciones tan injustas como contraproducentes.
Índice de Libertad Económica 2024
(OCDE=100)
Fuente: elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2024)
Índice de Libertad de Empresa 2024
(OCDE=100)
Fuente: elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2023)
