Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan una ralentización del empleo, pese a los máximos de ocupación. La EPA del primer trimestre del año refleja que la ocupación ha caído en 139.700 personas respecto al trimestre anterior. De este modo, entre enero y marzo se ha cerrado la peor evolución del primer trimestre en 10 años, obviando 2020 por la pandemia.
Aunque el primer trimestre sea generalmente débil para el empleo, en el mismo periodo de 2023, la ocupación disminuía menos, en 11.100 personas. Y ello, pese a que este año el impulso de la Semana Santa tuvo lugar en marzo. La caída del empleo en el primer trimestre de este año ha sido mayor también que en el mismo periodo de 2019, primer trimestre del año prepandemia, cuando la ocupación se redujo en 93.400 personas.
Además, la evolución de la ocupación en relación con la actividad apunta a nuevas pérdidas de productividad, preocupante problema que arrastra la empresa española. Todo ello, pese al positivo récord de 21.250.000 personas ocupadas.
El buen dato global de ocupación coexiste con una elevada tasa de paro, del 12,29%, incongruente, además, con la generalización del problema de vacantes de empleo sin cubrir. Es decir, las empresas sufren dos impactos negativos. No sólo aumentan el empleo más que la actividad, sacrificando su productividad, sino que se encuentran con ofertas de empleo desatendidas que minan sus proyectos. La labor de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo es insuficiente. El SEPE apenas logra intervenir con éxito en el casado de oferta y demanda de empleo en el 2% de los casos. Por ello, CEPYME considera necesaria una revisión de las políticas activas de empleo.
Ningún sector se salva de la caída de la ocupación en términos trimestrales, frente al mismo periodo del año anterior en el que se registraron aumentos del empleo en construcción y servicios.
En el primer trimestre del año se ha materializado una ralentización del ritmo del empleo de la que CEPYME venía advirtiendo, una situación que precisa de medidas estabilizadoras que alienten las decisiones de inversión y contratación en vez de obstaculizarlas: más seguridad jurídica, menos proliferación burocrática y, sobre todo, un alivio a la subida acumulativa de los costes laborales y cargas impositivas que padece el tejido productivo español, constituido en el 99% por pymes.
En términos interanuales, se ha moderado el ritmo de creación de empleo, aunque es vigoroso, lo cual tiene una lectura negativa para la economía española por su problema crónico de baja productividad. En cómputo interanual, el empleo crece más que la actividad ahondando la caída de ésta.
