El 50,3% de las facturas se abonaron de forma puntual en España en el cuarto trimestre de 2023. O lo que es lo mismo, prácticamente la mitad de las facturas se abonaron con retraso, según se desprende de los datos del Observatorio de Morosidad del último trimestre del año, que elabora CEPYME, con datos de CESCE e Informa D&B, correspondiente al último trimestre de 2023.
Esta persistente morosidad, que penaliza de manera especial a las pymes representa un coste financiero de 2.600 millones de euros, un 50% más que en el mismo período del año anterior. Una situación que no resulta fácil de afrontar para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menores recursos financieros y capacidad de negociación y que, además deben asumir el incremento de otros costes -energéticos, suministros, laborales, etc.- y los efectos de la inflación, que merman su rentabilidad y su capacidad de negociación para acceder a la financiación necesaria, en un contexto de encarecimiento del dinero, como consecuencia del aumento de los tipos de interés.
Uno de los aspectos más preocupante de la evolución de la morosidad es el estancamiento del Período Medio de Pago (PMP) en torno a los 80 días, veinte por encima del plazo máximo fijado por la ley. En el cuarto trimestre de 2023, el período medio de pago (PMP) se situó en 80,2 días, con un mínimo descenso (0,2 días) respecto del trimestre anterior.
El PMP promedio en 2023 fue de 81,8 días, el más bajo desde 2017, pero superior al de 2015 (81 días) y todavía muy por encima del período máximo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En esta evolución del PMP influyen varios factores. Por un lado, la inflación, que pese a descender continúa por encima de lo normal (su medida subyacente, que fue del 3,8% en diciembre de 2023, es la más alta en los 20 años anteriores a marzo de 2022). Por otro lado, los mayores tipos de interés —el euríbor medio del segundo semestre del año pasado (4,04%) es el mayor desde 2008—, que impulsan a las empresas a intentar acortar los plazos de cobro de sus facturas para atenuar el impacto negativo en sus cuentas de la pérdida de poder de compra del euro y los mayores costes financieros. Al mismo tiempo, la desaceleración de la economía y los tipos de interés elevados incentivan la contraproducente financiación sin coste derivada de la postergación de los pagos.
Por tamaño de empresa, el PMP se redujo sólo en las microempresas en términos interanuales, con una caída de 0,8 días, hasta los 75,4. Las compañías pequeñas y medianas mantuvieron sus respectivos PMP en los mismos niveles que en el cuarto trimestre de 2022 (79,6 y 83,3 días, respectivamente), mientras que las grandes empresas mostraron, por quinto trimestre consecutivo, el mayor aumento del PMP, con un incremento de 11 días, alcanzando las 88,7 jornadas.
Sin embargo, pese a la reducción del PMP nacional, éste aumentó en términos interanuales en ocho autonomías. La diferencia máxima entre los PMP de las distintas comunidades autónomas alcanza los 24,7 días, comparando el mayor PMP registrado en Murcia (93,2 días) con el menor, de Baleares (68,5 días).
En el conjunto de las pymes, las facturas pagadas de forma puntual alcanzaron al 50,3% del total (+1,1 puntos porcentuales), que es la mayor proporción desde marzo de 2020. Además, se observa que el porcentaje de facturas satisfechas en el plazo pactado es mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa.
En las microempresas, el 51,2% de las facturas fueron pagadas puntualmente, la mayor proporción de los últimos tres años y medio. Al mismo tiempo, las facturas pagadas con una demora superior a 30 días fueron el 12,3% del total (1 punto porcentual más que hace un año), manteniéndose por cuarto trimestre consecutivo por encima del 12%.
En las pequeñas empresas la proporción de pagos puntuales llegó al 47,8% (+4,1 puntos porcentuales interanual), que es la mayor proporción desde junio de 2018. Eso compensa el incremento interanual de 4 décimas en la proporción de facturas pagadas con un vencimiento mayor a 30 días (6,9%).
En las compañías medianas, durante el cuarto trimestre de 2023, un 30,2% de las facturas se pagó de forma puntual (+2 puntos porcentuales interanual). Es el porcentaje más elevado desde marzo de 2018. Al mismo tiempo, las facturas pagadas con un retraso superior a los 30 días se mantuvieron en el 6,4% del total, la misma proporción que un año antes.
Deuda comercial
El coste financiero de la deuda comercial para las pymes se incrementó un 50% en el cuarto trimestre de 2023, respecto del mismo período del año anterior, alcanzando los 2.600 millones de euros. La deuda comercial tiene dos componentes: la que no está en mora y la morosa. El coste de la primera ascendió a casi 1.500 millones de euros en el cuarto trimestre en cómputo anualizado y el de la segunda, rondó los 1.200 millones, un 44% más que un año antes.
Este esfuerzo financiero es consecuencia de una deuda comercial del conjunto de pymes que a finales de 2023 rondaba los 177.000 millones de euros, de los cuales, 67.800 millones de euros corresponden a firmas medianas y los restantes 109.200 millones, a empresas pequeñas.
Cuando se compara la deuda comercial con las ventas interiores de uno y otro tamaño de empresa, se observa una evolución distinta entre las empresas pequeñas y medianas de lo que sugieren las variaciones anteriores. Así, la deuda comercial de las firmas pequeñas equivale al 51% de sus ventas, 3 puntos menos que hace un año y la más baja al menos desde 2004.
En cambio, la deuda comercial de las compañías medianas equivale al 70% de sus ventas. Aunque es un punto porcentual menos que al final de 2022, supone una proporción mayor que la de cualquier trimestre en el periodo 2014-2019.
Esta mayor restricción del crédito comercial a sus clientes por parte de las firmas más pequeñas se explica por su mayor vulnerabilidad a un entorno económico caracterizado por una inflación elevada, la reducción de márgenes provocada por dicha inflación, unos tipos de interés más elevados y un acceso más difícil al crédito.
El PMP solo se incrementó en el sector servicios
El PMP se incrementó en el sector servicios en el cuarto trimestre de 2023, si bien todos ellos están por encima del período legal de 60 días.
El PMP del sector agroalimentario es el único que refleja cinco caídas interanuales consecutivas, situándose en 75 días, 2,9 días menos que un año antes. El sector de la industria mostró el mayor recorte interanual en su PMP, de 7,1 días, reduciéndose hasta 74,3 jornadas. Sin embargo, cuando se observa la evolución del PMP en cada una de las diez ramas industriales, se encuentra que la mitad de ellas presentan incrementos. Tal como ocurrió en los trimestres anteriores, el resultado del conjunto de la industria estuvo muy influido por la evolución del subsector de electricidad, gas y agua, que -tras haber alcanzado un máximo histórico en marzo de 2023- pasó a mostrar recortes marcados. Así, en el último trimestre de 2023, el PMP de electricidad, gas y agua bajó hasta 47,6 días, el más reducido que registran las estadísticas, que se inician en 2008, tras una caída interanual de 30,1 jornadas.
La evolución del PMP industrial excluyendo el subsector de electricidad, gas y agua, es negativa, con cinco trimestres consecutivos de aumentos interanuales. El PMP de la industria sin electricidad llegó a 82,8 días, su valor más alto para un cuarto trimestre desde 2011, tras un aumento interanual de 0,2 días.
En la construcción el PMP ha vuelto a una tendencia descendente tras el incremento en el segundo trimestre de 2023, situándose en el último periodo del año en 92,9 días, el más bajo desde 2016, con un descenso interanual de 3,7 jornadas.
Por su parte, el PMP medio de los servicios quebró una racha de cinco trimestres consecutivos de caídas, incrementándose en 0,5 jornadas, hasta los 72,3 días, que sigue siendo, no obstante, el más bajo entre los principales sectores de actividad.
Acuerdos de aplazamiento de facturas
El Observatorio de Morosidad de CEPYME incorpora un indicador que mide el Índice de morosidad en ventas a plazo, con el fin de analizar la tendencia de las empresas de recurrir a acuerdos de aplazamiento del pago de facturas en sus relaciones comerciales.
En el cuarto trimestre de 2023, el índice de morosidad en las facturas de ventas a plazo (IMFVP) fue de 48,2 puntos, un 6,5% menos que un año antes, rompiendo una tendencia ascendente de cinco incrementos interanuales consecutivos.
El índice de morosidad en las ventas a plazo disminuyó en las pymes, pero aumentó en las grandes empresas. No obstante, entre las pymes la evolución no fue homogénea, ya que, mientras que el IMFVP aumentó en las microempresas (20,8%), se redujo tanto en las pequeñas (-18,7%) como en las medianas (-6,9%).
Reglamento europeo de morosidad
La morosidad también es un grave problema en el conjunto de la UE, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir.
Por ello, la Comisión Europea ha impulsado un nuevo reglamento europeo de morosidad, que actualmente se está tramitando en las instituciones europeas, y que el pasado 20 de marzo recibió el respaldo del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo.
El objetivo de este reglamento es reducir los plazos de pago en las operaciones comerciales. En este sentido, CEPYME considera prioritario homogeneizar la regulación para combatir la morosidad en el ámbito europeo y garantizar las mismas condiciones para todas las empresas europeas. Asimismo, considera imprescindible que esta regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes.
