La patronal europea SMEunited ha celebrado hoy en Bruselas su Asamblea General anual, en la que se han elegido a los miembros de la Junta Directiva de la organización.
CEPYME ha participado en esta Asamblea, en la que la Confederación ha mantenido su posición en dicha Junta Directiva, a través de su vicepresidenta Mª Helena de Felipe, que también es vicepresidenta de Foment del Treball. De Felipe ocupa una de las seis vicepresidencias políticas de SMEunited, con competencias en Asuntos Sociales. Mª Helena de Felipe es vicepresidenta de SMEunited desde el año 2016, desde donde ha defendido los intereses de las pymes españolas.
La Junta Directiva de SMEunited está integrada por el presidente, el secretario general, seis vicepresidencias políticas con cartera y 14 vicepresidentes sin competencias.
Mª Helena de Felipe es también vicepresidenta del grupo de Igualdad de oportunidades del Comité Económico y Social Europeo (CESE), miembro del grupo de Empleadores y portavoz de las pymes de dicho Comité, organismo en el que ha dirigido la elaboración y presentación de dictámenes sobre la igualdad (teletrabajo e igualdad de género, situación de las mujeres con relación a las discapacidades, igualdad de género en los mercados laborales europeos y la brecha salarial digital de género).
CEPYME defienden en SMEunited los intereses de las pymes españolas, reivindicando un entorno más favorable a las empresas, que impulse la competitividad de las pymes y una mayor simplificación normativa y una adecuación de la legislación europea y nacional a las necesidades de las pequeñas empresas. Asimismo, desde CEPYME se ha trabajo en el ámbito de la morosidad y su regulación a nivel europeo, a través del nuevo reglamento de la Comisión Europea.
En este sentido, la Confederación considera fundamental que se opte por homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad, si bien cree necesario evaluar la posibilidad de que la activación de la norma se produzca de forma escalonada, iniciándose ésta, en primer lugar, por las administraciones públicas; posteriormente, por grandes empresas; y, por último, por pequeñas empresas y autónomos. Esto permitiría que la liquidez llegue a las pymes y estas puedan cumplir con su periodo de pago sin situarlas en una situación de estrangulamiento financiero.
