La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) valora positivamente la propuesta del nuevo Reglamento sobre la lucha contra la morosidad presentada por la Comisión Europea, a falta de analizar el detalle de la propuesta.
CEPYME aplaude que la Comisión Europea haya dado prioridad a esta iniciativa para intentar que sea aprobada antes de finalizar la legislatura europea, tal y como habíamos venido demandando para que fuera incorporada como una de las prioridades de la Presidencia Española de la UE.
Desde la Confederación, se considera fundamental que se opte por homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad. El nuevo Reglamento, que derogará la Directiva de 2011, será de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro. La morosidad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes, pero que a su vez es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca.
No obstante, CEPYME recuerda que el importe pendiente de cobro en el conjunto de la economía actualmente es muy elevado y en la situación de incertidumbre actual, con el incremento de los tipos de interés y la restricción del crédito, especialmente para las empresas más pequeñas, podría ser complicado de asumir de manera inmediata. Por tanto, la Confederación cree necesario evaluar la posibilidad de que la activación de la norma se produzca de forma escalonada, iniciándose ésta, en primer lugar, por las administraciones públicas; posteriormente, por grandes empresas; y, por último, por pequeñas empresas y autónomos. Esto permitiría que la liquidez llegue a las pymes y estas puedan cumplir con su periodo de pago sin situarlas en una situación de estrangulamiento financiero.
El último informe del Observatorio de Morosidad, que elabora CEPYME trimestralmente, confirma que el periodo medio de pago (PMP) en las operaciones comerciales entre empresas se situó, entre los meses de abril y junio, muy por encima del período máximo legal de 60 días que establece la Ley vigente. Esta situación provoca un coste financiero para las empresas de la deuda comercial cercano a los 2.400 millones de euros. Un coste que se suma al encarecimiento generalizado de los gastos de funcionamiento de las empresas y que resulta inasumible para muchas pymes.
Desde 2021, debido a la negociación de esta nueva normativa europea, CEPYME intensificó su interlocución con las instituciones europeas y ve con satisfacción que la propuesta de la Comisión haya contemplado las peticiones trasladadas desde nuestra organización. El Observatorio de Morosidad de CEPYME ha mantenido intensos contactos durante los últimos meses tanto con el Ministerio español de Asuntos Económicos y Transformación Digital como con la Dirección General comunitaria de Crecimiento, perteneciente a la Comisaría de Mercado Interior, para trasladar los intereses de las pymes españolas en la revisión de la Directiva 2011/7/UE de Lucha contra la Morosidad
