El número de pymes concursadas subió un 23,6% interanual en el cuarto trimestre de 2022, al pasar de los 753 concursos registrados entre septiembre y diciembre de 2021 a los 931 del mismo periodo de 2022.
Este fuerte aumento interanual de los concursos de pymes en el último tramo de 2022 es menor que el anotado en el tercer trimestre, del 87,6%. Constata, no obstante, los efectos de la moratoria concursal implantada durante la pandemia, que afloró los concursos a partir del verano de 2022.
En el caso de las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, el aumento interanual es del 22,5%, al pasar de 739 concursos en el cuarto trimestre de 2021 a 905 en el mismo periodo de 2022.
En el rango de las empresas medianas, el incremento interanual es del 82,1%, al llegar a 26 concursos, siempre según datos de los Registradores de la Propiedad cribados por CEPYME.
Del total de 5.544 concursos registrados en el cuarto trimestre de 2022, 4.407 lo fueron de personas físicas, y 1.137 de empresas, de los cuales 204 se producen en compañías que no están clasificadas en la estadística registral por tamaño. En el cuarto trimestre de 2021, la cifra total de concursos fue de 929, con 175 empresas no desglosadas por número de trabajadores.
Si bien la moratoria concursal, que duró desde marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, impidió que se produjera un aluvión de concursos durante la fase más agresiva de la pandemia y alivió los problemas de las pymes, su duración ha deparado también efectos contraproducentes, al agravar los problemas de morosidad de las empresas acreedoras.
Las pymes españolas se enfrentan no sólo al impacto que dejaron las restricciones de la actividad, sino también a una concatenación de elementos adversos, como el fuerte repunte de la inflación, el encarecimiento del crédito y la mayor aversión de las entidades financieras a prestar dinero en un entorno de tanta volatilidad como el actual, aquejado también por desajustes en la cadena de suministros y la indeterminación sobre el conflicto bélico en Ucrania.
Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas españolas han soportado una mayor carga impositiva, nuevas trabas burocráticas y encaran una fuerte alza de cotizaciones sociales, factores a los que se unen las subidas consecutivas del salario mínimo interprofesional (SMI), que han elevado los costes laborales de las plantillas.
