La Oficina de Proyectos Europeos de CEOE ha elaborado su cuarto informe de seguimiento de los Fondos Europeos Next Generation EU, en el que se concluye que, si bien España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la UE, es necesario trasladar la misma velocidad en la llegada de fondos a la economía real.
Concretamente, España ha recibido 31.000 millones de fondos en concepto de subvenciones del total del Plan que, incluyendo la Adenda al Plan de Recuperación prevista, engloba una cantidad total de 164.000 millones de euros.
Sin embargo, a nivel de ejecución, los datos oficiales del 20 de diciembre de 2022 señalan que se ha producido un despliegue de 22.000 millones de euros en convocatorias hasta la fecha, con datos de la Administración General del Estado (AGE). Más aún, de esta cantidad, solo 9.500 millones de euros están destinados al sector privado, alrededor de un 43% del total.
Esta situación es especialmente preocupante en tanto que el año 2023 va a ser clave para la ejecución de los PERTES. Dicho de otro modo, este año debe ser el de la consolidación de la mayor adjudicación de fondos de la historia de España.
Por ello, insistimos en que las grandes líneas de ayudas para proyectos tractores, englobadas en los PERTES y de impacto transformador, deben terminar de aterrizar en el sector privado.
En este sentido, es imprescindible seguir aumentando el ritmo en la publicación y resolución, especialmente en ciertos sectores vinculados con la autonomía estratégica de España.
Adicionalmente, las empresas (grandes, pymes y autónomos) necesitan mayor flexibilidad en el acceso a las convocatorias, así como un esfuerzo adicional del sector público para eliminar la burocracia y reforzar la agilidad administrativa.
En concreto, observamos que existe margen de maniobra para incentivar la participación de las pymes en las convocatorias de proyectos plurales y variados (grandes empresas, pymes, universidades, centros…) frente a las ayudas para proyectos individuales.
Finalmente, dentro de esta visión global, consideramos importante avanzar en la publicación de información actualizada por parte del Gobierno sobre los datos reales de llegada de fondos a la economía real, al estilo de países como Portugal.
Mayor flexibilidad en el cumplimiento de los hitos
El informe resalta también que, aunque muchos de los hitos de inversiones dentro del ‘Plan España Puede’, especialmente los PERTES, tienen un alto impacto transformador en la economía, al mismo tiempo presentan unos procedimientos de puesta en marcha complejos, que generan procedimientos administrativos y empresariales largos.
Por ello, consideramos necesario poder flexibilizar algunos de los hitos de inversiones del Plan, para que puedan iniciarse antes de 2026, pero su finalización pueda prolongarse varios años.
La oportunidad de la Adenda
Por otro lado, la Adenda al Plan de Recuperación aún pendiente de resolución supone una nueva oportunidad para mejorar y agilizar la gestión de los fondos europeos.
Insistimos también en apostar, en este marco, por el desarrollo eficiente de proyectos estratégicos y por el refuerzo de la autonomía estratégica (española y europea) en las áreas de energía, agroalimentación, industria, tecnología y digitalización.
Creemos importante flexibilizar las condiciones de acceso de las empresas a las convocatorias, especialmente en los casos de pymes y autónomos para los consorcios de los PERTES. Por ejemplo, rebajando las exigencias de garantías.
Entendemos que es importante reforzar la colaboración con el sector financiero para asegurar la máxima celeridad y capilaridad de las ayudas; y consideramos necesario incorporar incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos, como ya hacen otros países como Francia, Portugal, Italia o Dinamarca.
Marco europeo de ayudas de Estado
Finalmente, es importante tener presente que los fondos europeos que recibe España tienen la consideración, en la práctica totalidad de las inversiones, de ayudas de Estado.
Por lo tanto, quedan sometidas al régimen de notificación ex ante de ayudas de Estado de la UE, un marco que entendemos debería flexibilizarse dado el momento en el que nos encontramos, respetando siempre el mercado interior.
Por otro lado, la Unión Europea debería hacer más sencillos los trámites de comunicación de las ayudas de Estado, así como agilizar los aspectos burocráticos en la gestión de los Planes nacionales.
Por último, estamos comprometidos con que España refuerce su presencia en los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEIS), como ha quedado acreditado últimamente con la presencia de España en el IPCEI de hidrógeno.
Visión sectorial: rehabilitación de viviendas y edificios
Asimismo, el informe recoge un análisis de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas y edificios. Dicho estudio concluye que desde los distintos niveles de la Administración Pública se debería reforzar la labor de información y didáctica acerca de los programas de rehabilitación. De igual forma, en relación a la presentación de solicitudes de ayuda, el procedimiento es complejo, aspecto que desanima a potenciales beneficiarios, particularmente a comunidades de propietarios.
Además, de cara a la Adenda, una de las propuestas es la aceleración del ritmo de rehabilitación de viviendas y su industrialización (construcción sostenible, verde y circular), a través de la creación de una línea de apoyo de préstamos a tipo cero o concesional, dirigido a la financiación de proyectos de rehabilitación energética. Todo ello debería llevarse a cabo con la colaboración de las entidades financieras.
Ver el informe completo aquí.
