La inflación es la protagonista de la gran pregunta económica de 2023. ¿Volverá a tasas tolerables a lo largo del año? Y, de ser así, ¿cuánto tardará en hacerlo? Estas cuestiones son las que han marcado el desarrollo del encuentro económico empresarial que ha celebrado esta mañana la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y el Colegio Profesional de Economistas de Granada, que ha contado con la participación de Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de FUNCAS.
“La inflación va a permanecer con nosotros en 2023. No ha llegado la temida recesión, pero hay demasiada incertidumbre para pensar que este episodio ha pasado”, ha asegurado Carbó en el encuentro, que ha reunido a más de medio centenar de empresarios y economistas en el salón de actos de la CGE. El catedrático de Análisis Económico ha apuntado que “si los bancos centrales resisten las presiones de los mercados para bajar los tipos y este año dan pasos en la dirección correcta, la inflación podrá bajar a partir de 2024”.
El director de Estudios Financieros de Funcas ha recordado que por ahora España “ha evitado la espiral de precios-salarios” en buena medida por las medidas de protección social que se han puesto en marcha desde las administraciones públicas. El problema es que esta “resiliencia está siendo financiada por la deuda pública”. “Los gobiernos están desatados con el gasto público”, ha señalado Santiago Carbó, que ha indicado que el gran desafío al que se enfrenta la economía española es la productividad. “Si no aumenta la productividad, no va a aumentar el crecimiento económico y no vamos a poder pagar la deuda pública”, ha alertado el director de Estudios Financieros de FUNCAS.
En este sentido, Carbó ha analizado en su intervención la necesidad de que las administraciones públicas tomen medidas para atraer la inversión y el talento. “Necesitamos una política transversal que ayude a contratar y a ser competitivo. La forma de atraer talento es adoptar medidas amigables para la inversión”.
En el encuentro también han participado el decano del Colegio Oficial de Economistas de Granada, José María Escudero; el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la CGE, Emilio Palomar; y el catedrático de Economía de la Universidad de Granada y economista sénior de FUNCAS, Francisco Rodríguez.
El decano de los economistas granadinos ha asegurado durante su intervención que 2023 será un año “marcado por la incertidumbre”, aunque cerrará en positivo puesto que todavía no se ha recuperado la actividad previa a la pandemia. “La inflación, la guerra de Ucrania, el despertar económico de China… Hay muchos factores que condicionarán la situación de la economía española y de la actividad empresarial”, ha indicado Escudero, señalando que, en este contexto hay un riesgo adicional por las medidas de control de la inflación. “La política monetaria, que ha disparado los tipos de interés, puede hacer un flaco favor a la economía si se pasa de frenada”.
Además, José María Escudero ha apuntado la contradicción entre las políticas restrictivas que se están aplicando desde el Banco Central Europeo y “los presupuestos expansivos” del Gobierno español, y se ha referido a la resistencia del mercado de trabajo, marcada en buena medida por “la creación de empleo en el sector público, que es empleo no productivo”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la CGE, Emilio Palomar, ha manifestado que 2023 va a seguir siendo “un año muy complicado para la empresa”, cuya viabilidad se está viendo comprometida por la inflación, el incremento de los costes empresariales, una mayor presión fiscal y el endurecimiento de la financiación. “La economía española afronta 2023 en un contexto de enorme incertidumbre en el que se espera, además, un incremento de hasta el 42,3% en la presión fiscal”, ha indicado Palomar, apuntando que, en lugar de asfixiar a empresas y contribuyentes, el aumento de la recaudación debería basarse en el aumento de las bases imponibles y en la lucha contra el fraude. “El incremento de la agresividad de los órganos de recaudación de las administraciones públicas y la falta de concesión de aplazamientos vuelven inviables empresas rentables que generan puestos de trabajo”.
En esta línea, ha asegurado que “la subida de impuestos y la introducción de nuevos tributos, con especial incidencia en la empresa, ha supuesto un drástico empeoramiento de la competitividad fiscal de nuestro país, lo que está produciendo efectos no deseables sobre la actividad económica”. Además, Palomar ha hecho referencia a los fondos Next Generation, que no están llegando a la empresa, y ha reclamado “una mayor agilidad administrativa” que permita ir más allá de las promesas y aterrizar unos fondos que pueden ser útiles para afrontar las reformas estructurales que necesita la economía.
Por su parte, el catedrático de Economía Francisco Rodríguez ha apuntado que “la economía está cambiando su modelo de productividad” y se ha centrado en la evolución del mercado de trabajo, “que está mostrando una mayor resistencia a pesar de la incertidumbre, la inflación y la fuerte desaceleración económica”.
A su juicio, el mercado de trabajo “parece funcionar mejor que la economía” por dos razones: una, la medición del PIB, que debe actualizarse para recoger de manera óptima las actividades de la nueva economía; y otra, que el de ahora es un mercado que se adapta mejor al entorno. “Cuanto más flexible es el mercado de trabajo, mejor se comporta”.
Rodríguez ha concluido asegurando que “todo lo que hemos pasado hasta ahora nos ha hecho ver lo que somos capaces de hacer como país”, y ha apuntado que las reformas estructurales que necesita la economía para crecer y mejorar “necesitan de consensos y pactos políticos”.
