La desaceleración de la recuperación de la economía española y el adverso impacto de la inflación sobre las cuentas empresariales siguen afectando negativamente a la evolución de la morosidad empresarial, según el Observatorio de morosidad de CEPYME, que cuenta con la colaboración de CESCE e Informa, correspondiente al primer trimestre de 2022.
Durante este periodo, la morosidad empresarial en España aumentó en 3 puntos respecto del trimestre anterior y en 3’9 puntos porcentuales en términos interanuales, según el Indicador Sintético CEPYME de Morosidad Empresarial (ISME), que se creó en 2010 para medir la evolución de la morosidad a través del Periodo Medio de Pago. Este incremento es resultado tanto del aumento de las facturas con retraso de pago como de la ampliación de lo períodos de pago.
Así, la deuda comercial con retraso de pago alcanzó el 73’3% del total, 3’6 puntos más que en el trimestre anterior, alcanzando un volumen de 348.992 millones de euros, un 42% más que en el mismo período del año anterior.
Indicador Sintético CEPYME de Morosidad Empresarial (Base100=4T10; trimestral)
En cuanto al período medio de pago, en el primer trimestre se ha elevado hasta los 83,9 días de media, frente a los 81,4 del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre de 2021.
El fuerte incremento registrado en el primer trimestre de 2022 se debe en buena medida a la desaceleración de la economía, afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania, que están teniendo efectos negativos sobre la recuperación económica y reduciendo directamente la liquidez de las empresas.
Las empresas no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final y esto se traduce en una tesorería menguante, lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores. De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago. Esta situación explicaría el aumento del periodo medio de pago observado en el primer trimestre y hace que las previsiones a este respecto sean negativas.
Las tensiones en los precios energéticos se mantendrán, al menos, hasta la próxima primavera y las alzas de costes se han generalizado, dando forma a una presión adicional sobre los márgenes empresariales que aumenta el riesgo de impago o de retrasos para hacer frente a las obligaciones en los próximos meses. Todo ello en un contexto presidido por la incertidumbre y en el que los bancos centrales se muestran decididos a frenar la inflación. Esto se traducirá en mayores costes de financiación y condiciones más duras para acceder a dicha financiación, lo cual complicará la posibilidad de acceder a financiación externa para hacer frente a desfases de tesorería.
En la actualidad, el monto total de deuda entre empresas con morosidad continúa incrementándose de forma preocupante. La deuda comercial con retraso de pago se incrementó un 41,9% en el primer trimestre de este año, alcanzando los 348.992 millones de euros, frente a los 245.926 millones registrados en el mismo período del año anterior.
Esta morosidad tiene un doble coste para las empresas, por un lado, en términos de dificultades de financiación para cubrir la demora en el pago y, por otro, en intereses de demora exigibles, que se estima para este período en 1.831 millones de euros, si tenemos en cuenta un retraso medio en el pago de 23,9 días y un tipo de interés legal de demora del 8%. Este coste supone un 50,5% más que en el mismo período del año anterior (1.217 millones de euros).
Coste financiero de la morosidad (millones de € y % de var. i.a.; 1T22-1T-21)
Fuente: CEPYME-Afi a partir de BdE, CESCE e Informa
Consecuencias del aumento de la morosidad
Lejos de reducirse, la morosidad se mantiene en tasas muy elevadas e incluso aumenta y sigue siendo un grave problema para las empresas, que pone en riesgo su liquidez y compromete su viabilidad, en especial para las de menor dimensión. En este caso, las opciones para acceder a la financiación son más limitadas y esto hace más probable que los problemas de liquidez acaben degenerando en problemas de solvencia.
La demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad, en ocasiones, al tener más concentrada su base de clientes. Todo ello en un contexto en el que la empresa española parte de un punto muy complicado, dado que en los dos últimos años ha perdido buena parte de sus beneficios y, de hecho, la rentabilidad de la pyme española se sitúa casi un 20% por debajo de los tiempos prepandemia. Esta realidad ayuda a explicar las mayores dificultades de las pequeñas empresas para mantenerse al día con los pagos.
Las microempresas, con menos recursos y capacidad de negociación, registran el mayor incremento interanual en su período medio de pago (PMP), 7’9 días, situándose en 87’6 días la demora en los pagos, convirtiéndose en las empresas que más tardan en pagar.
Las pequeñas empresas han incrementado ligeramente en estos primeros meses del año su PMP en 0’6 días, pasando de 82’9 a 83’5, mientras que las medianas empresas han reducido sus PMP en 0’6 días, desde los 84,7 a 84,1 días.
Por rama de actividad
Por rama de actividad, la construcción y promoción, junto con el sector textil se mantienen como las actividades con mayores retrasos en el pago, alcanzando los 98,4 y 90,4 días de periodos medios de pago, respectivamente. En ambos sectores se han registrado un aumento en los períodos medios de pago respecto del trimestre anterior.
Períodos medios de pago por sector de actividad (días; 1T en 2019, 2020, 2021 y 2022)
Cabe destacar la evolución del período medio de pago de la industria agroalimentaria, que se incrementó en 8’2 días, hasta los 80’7 días, como consecuencia de la ruptura de varias cadenas de suministros globales, que han conllevado un aumento de los precios de las materias primas y reducido los márgenes del sector.
Los sectores de distribución alimenticia y madera y mueble han sido en el primer trimestre de este año las actividades con menores retrasos en sus pagos. Así, los PMP de ambos sectores se situaron en 65 y 77,4 días, respectivamente.
Morosidad por comunidades autónomas
Durante el primer trimestre de 2022, la Región de Murcia se ha mantenido como la comunidad autónoma con el mayor período medio de pago, un total de 96 días, casi tres más que en el trimestre anterior, pese a haber experimentado una caída interanual de 0’5 días.
Las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento interanual de la morosidad empresarial fueron Aragón (7,2 días), Castilla y León (6,6 días) y las Islas Canarias (4,6 días). Por el contrario, las comunidades que han registrado una mayor caída interanual de sus períodos medios de pago han sido Cantabria (-23,3 días), Extremadura (-6’8 días) y País Vasco (-3,8 días).
Nueva normativa sobre morosidad en la Ley Crea y Crece
En esta situación y ante un escenario económico sombrío para los próximos años, la reciente Ley Crea y Crece, si bien incluye algunos aspectos positivos, incorpora medidas de dudosa eficacia, que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado para muchas empresas.
CEPYME defiende la definición de una estrategia eficaz y realista de lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno lastra a su vez la productividad y el crecimiento de muchas pymes. No obstante, la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las empresas. En este sentido, CEPYME considera que el establecimiento de sanciones no es un instrumento por sí solo eficaz. La Confederación en esta coyuntura no comparte que la norma incluya nueva burocracia en la solicitud de subvenciones para todas las empresas, ya que perjudica directamente a las de menor tamaño y menos recursos, ralentizando de este modo la ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, su llegada a las pymes.
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