Los servicios jurídicos del Consejo de la UE consideran que no existe base legal para aprobar por el momento una nueva prórroga para España y Portugal para cumplir con el objetivo de déficit, como propuso la Comisión Europea, al opinar que esta decisión debe tomarse bajo el procedimiento sobre déficit excesivo, lo que obligaría a pronunciarse también sobre una posible multa por el desvío de las cuentas públicas en 2015, según han informado fuentes comunitarias.
El pasado 18 de mayo la Comisión Europea decidió aplazar hasta principios de julio la decisión que debe tomar para iniciar el mecanismo de sanciones sobre España y Portugal, pero al mismo tiempo, recomendó aprobar una prórroga de un año extra, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit presupuestario por debajo del 3%.
Según la opinión legal del Consejo, no existe una base legal que permita a los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dar su visto bueno al año extra en su próxima reunión del 17 de junio si no se ha dado un paso adelante bajo el procedimiento por déficit excesivo.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Economía han asegurado que la prórroga «no está en cuestión» y que los que se debate «es un tema de procedimiento».
Dar un nuevo paso en el procedimiento por déficit excesivo supondría certificar la «falta de acción efectiva» de España para cumplir con el objetivo de déficit el año pasado, que era del 4,2% mientras que el desfase final de la cuentas públicas fue del 5% (5,1% sumando la ayudas al sistema financiero). Esto supondría dar el primer paso para imponer una multa del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones.
De esta forma, los servicios legales del Consejo se alinean con la opinión de algunos ministros de Finanzas de la UE, entre ellos el alemán Wolfgang Schaeuble, que expresaron sus dudas sobre la legalidad de conceder un año extra a España y Portugal y a la vez aplazar decisiones bajo el procedimiento por déficit excesivo.
Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha reiterado este viernes que actúa «en el contexto de las reglas legales que rigen la gobernanza económica europea» y que a mediados de mayo decidió recomendar una directrices «precisas» para la política fiscal de España y Portugal que serán la base para las deliberaciones del Consejo «cuando el Consejo decida abordarlas»
«El vicepresidente (Valdis) Dombrovskis y el comisario (Pierre) Moscovici estuvieron aquí el 18 de mayo y dijeron claramente qué decidimos hacer con las recomendaciones específicas para cada país y que volveremos sobre ello a comienzos de julio. Esta es la posición de la comisión», ha subrayado el portavoz del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas.
Además, Schinas ha respondido a las críticas vertidas, entre otros, por el presidente del Eurogrupo y este semestre también del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, y ha defendido que la Comisión aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento conforme a las normas y teniendo en cuenta la «discreción política» y las «especificidades» de cada situación «mientras se garantiza la igualdad de trato».
