Para cumplir con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo, España deberá acometer en los próximos años importantes inversiones en infraestructuras prioritarias, como las relacionadas con el medioambiente, equipamiento público, saneamiento y depuración del agua, red viaria de autovías, mejora de la red convencional de carreteras, transporte público o la eficiencia energética en edificación.
CEOE ha elaborado un informe en el que se aborda la ejecución de dichas inversiones mediante el modelo concesional con pagos del sector público en una parte del volumen de infraestructuras anterior, que representan 44.572 millones de euros de inversión. Ello supondría la creación de 624.0350 nuevos empleos y produciría un retorno fiscal, vía impuestos, de 21.842 millones de euros. Además, induciría, en términos de actividad económica, un valor de 85.584 millones en los próximos años.
Las prioridades y restricciones presupuestarias previstas para los próximos años van a suponer la vuelta a la disciplina fiscal de las cuentas públicas para reducir el déficit y la deuda pública. Por ello, va a ser necesario contar con la financiación privada mediante fórmulas de colaboración público-privada (concesiones), que pueden garantizar la viabilidad de las importantes inversiones que deberán afrontarse.
Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público determina el plazo máximo de las concesiones de más de cinco años y por el período de recuperación de la inversión definida por el RD 55/2017, mediante una fórmula basada en el descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario, con una tasa equivalente a la del rendimiento medio en el mercado secundario de deuda del Estado a 10 años en los últimos 6 meses, incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos, equivalentes hoy al 3,88%. Esta tasa de descuento no es realista por encontrarse muy alejada de las rentabilidades mínimas que exige el mercado financiero, de modo que los contratos de concesión se hacen inviables por la insuficiencia del plazo que se deduce de dicha fórmula.
Teniendo en cuenta la última emisión de obligaciones del Estado a 30 años, que estableció un tipo de interés medio del 1,903%, se obtendría una tasa de descuento de proyecto base del 8,303%, sin incorporar el riesgo asociado al proyecto.
El informe propone eliminar el actual obstáculo normativo para permitir el desarrollo de concesiones que cumplan los objetivos de inversión en infraestructuras prioritarias. Por la vía normativa, se plantea que determinadas infraestructuras puedan adaptarse a tasas de rentabilidad superiores más acordes con las exigidas por los mercados financieros. Se propone la siguiente tasa de descuento atendiendo a las rentabilidades de mercado:
Tasa de descuento proyecto = [Rf30] + [6,4%] + [Riesgo específico asociado al proyecto]
Tasa libre de riesgo y prima de mercado
* Rf30: tasa libre de riesgo país (rendimiento de las obligaciones del Estado a 30 años). 6,4%: prima actual de mercado atribuible a España por un inversor privado.
Faltaría incorporar el riesgo específico asociado al proyecto, que depende de su tipología y matriz de transferencia de riesgos asignada al socio privado, y que implicaría una tasa mayor o menor según el caso.
Teniendo en cuenta la última emisión de obligaciones del Estado a 30 años con fecha 7 de octubre de 2021, que estableció un tipo de interés medio del 1,256%, se obtendría una tasa de descuento de proyecto base del 7,656%, sin incorporar el riesgo asociado al proyecto.
El informe presenta un cuadro en el que se resume el potencial de inversiones prioritarias a partir de informes de SEOPAN y la empresa de ingeniería SENER, obteniéndose en cada caso la tasa de descuento de proyecto a considerar, el canon anual resultante a satisfacer por el concedente público al concesionario y su representatividad sobre la inversión inicial a realizar en la infraestructura, y la existencia o no de ingresos extrapresupuestarios que puedan cubrir los referidos cánones.
Para las tipologías indicadas, se consideran concesiones con mecanismos de pago del sector público, con los riesgos de construcción y disponibilidad transferidos al socio privado y el de demanda según caso. Se exceptuarían las infraestructuras de equipamiento público (hospitales) y transporte público (metro) cuyos cánones anuales deberán correr a cargo de los presupuestos de los gobiernos regionales. Para el resto de las tipologías, los cánones los cubrirían ingresos extrapresupuestarios en aplicación de la legislación europea y nacional (cánones de saneamiento, de residuos o ingresos de tarificación por uso de la infraestructura).
Por otro lado, hay que considerar que los rangos de tasa de descuento son antes de impuestos, de modo que el coste real de los cánones anuales a pagar por el sector público será inferior a los indicados, debido al retorno fiscal de los impuestos a satisfacer por las sociedades concesionarias, que en términos de tasa de descuento equivaldrían a una reducción entre 200 y 300 puntos básicos de los valores recogidos en el cuadro anterior.
Las inversiones prioritarias identificadas suponen hasta 44.572 millones de euros S/IVA y se enmarcan todas en el ámbito de la Agenda 2030, con un beneficio socioeconómico inducido (ratio B/C) superior al requerido por las CE.
Cuadro resumen del potencial de inversiones prioritarias a desarrollar en España
Propuesta de cambio normativo CPP en infraestructuras – PDF
