En 2018 las empresas europeas dispondrán de un estándar común para facturar electrónicamente a las diferentes administraciones públicas de la Unión Europea. Hasta esa fecha queda un largo camino en el que trabaja un órgano de normalización del que forma parte SERES, pionero y especialista en el intercambio electrónico seguro de documentos.
Desde enero del pasado año, en España los proveedores de las AAPP tienen la obligación de facturar electrónicamente, una medida que ha tenido un efecto positivo tanto en el control de las cuentas públicas y el ahorro de costes como en la mejora de los plazos de pago a los proveedores. Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo estándar de facturación podría obligar a las AAPP y a las empresas españolas a realizar nuevas inversiones para adaptarse al modelo europeo de facturación electrónica.
Dos escenarios
En España ya existe el formato facturae que se podrá seguir utilizando, por lo que el impacto del nuevo modelo recaerá casi en su totalidad en las AAPP que deberán aceptar los nuevos formatos. Para la fecha de su transposición, en 2018, ya habrán pasado 3 años de la aplicación de la obligatoriedad de uso de factura electrónica, tiempo suficiente para reducir al mínimo los posibles casos de empresas proveedoras de la AAPP que no hayan implementado el facturae. Por lo tanto, la Administración Pública y sus proveedores se pueden ver abocados a invertir en una tecnología que realmente no tenga uso real.
Otra situación posible es que el formato nacional facturae migre hacia el formato europeo, algo normal (los formatos son vivos), que obligaría a que, progresivamente, los proveedores de las AAPP deban ir cambiando sus sistemas para trabajar con una nueva versión que tendrá modificaciones significativas en su base. Esta situación ya ocurre con los sistemas de comunicación con los puntos de entrada que se han cambiado recientemente.
Estas diferentes realidades refuerzan el modelo de facturación electrónica basado en operadores externos, ya que son ellos los que deben realizar estas adaptaciones, de manera transparente, sin que repercutan negativamente en la actividad cotidiana de sus clientes.
El largo camino de la normalización
La normalización de un modelo de factura electrónica europeo es una tarea muy compleja ya que debe contener todas las singularidades contables y fiscales de decenas de países asegurando su interoperabilidad. El 16 de abril de 2014 se publicó la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. En su artículo 3, la Comisión Europea pidió al CEN (Comité Europeo de Normalización) la elaboración de la Norma Europea sobre Facturación Electrónica (Formato de Factura Electrónico Europeo), que debe estar publicada antes del 27 de mayo de 2017.
En paralelo, la directiva se debe transponer según los plazos de aprobación de la norma pero, en todos los casos, antes del 27 de noviembre de 2018 con aplicación para la Administración general del Estado y, con un margen mayor, en el caso de las AAPP Regionales, Autonómicas y locales.
Para alcanzar este objetivo, el CEN ha creado un órgano de normalización, el CEN/PC 434 que se apoya en su participación nacional a través de AENOR. Además, para el propósito específico de participar en los trabajos de normalización derivados de la Directiva 2014/55/UE, se ha creado un Comité Técnico Nacional, denominado AEN/CTN 312 «FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA».
“Recientemente se ha producido la primera votación del borrador de la norma europea, que ha tenido como resultado un voto negativo para la propuesta, y todo indica que queda por delante mucho trabajo para llegar a un consenso”, comenta Alberto Redondo, Director de Marketing para Iberia y LATAM de SERES y participante en el grupo AEN/CTN desde su creación.
8 líneas de trabajo
El CEN/PC 434 tiene abiertas 8 líneas de trabajo, las 3 primeras están relacionadas con el modelo semántico (el esqueleto de la norma) y las restantes con las sintaxis (todo lo que da forma en detalle al modelo semántico), guías de transmisión y pruebas del resultado. En el caso español, el modelo semántico debe respetar la información del entorno de la facturación en España. En nuestro país, a diferencia de otros miembros de la UE, existe ya un proyecto en marcha de factura electrónica para todas las AAPP y las principales vicisitudes se deben centrar en dos áreas, por un lado, que no haya ningún dato que sea obligatorio tanto de forma (por ejemplo, impuestos que no sean el IVA) como de negocio (por ejemplo, los códigos DIR3).
En cuanto a la sintaxis, actualmente existen 4 que se están tomando en cuenta UBL 2.1, UN/CEFACT XML, UN/Edifact e ISO 20022 Financial invoice. Si bien no todas cumplen a rajatabla con los requerimientos exigidos, no existe un consenso claro de quitar o poner una u otra. Lo que está claro es que mientras más haya, más esfuerzo requerirá por parte de las AAPP para aceptar dicha sintaxis en su proyecto.
En todo caso, se han logrado avances a la hora de vislumbrar si realmente existe relación directa entre el contenido y la forma que se almacena entre una sintaxis y otra. Esto permitiría poder tomar en cuenta las 4 sintaxis y así reducir el impacto de aceptar todas. La realidad es que siempre existe entre un 90-95% de similitud pero el restante 10%-5% es el que realmente hace complejo implementar una solución. La clave reside en contar con una solución que se adapte a los cambios producidos en los formatos.
