El mes de enero finaliza con 197.750 cotizantes menos y 17.173 desempleados más, en línea con la tendencia habitual de caída del empleo en el primer mes del año por motivos estacionales, aunque en esta ocasión especialmente en el paro se suaviza esa tendencia respecto a otros meses de enero, donde la media se situaba en 77.500 personas desempleadas más.
Habrá que observar cómo sigue la evolución del empleo en los próximos meses a la luz de la intensidad del proceso de recuperación y del impacto de la reforma laboral.
En términos desestacionalizados, la afiliación aumenta en 71.948 personas en el mes de enero y el paro baja en 75.210 personas.
Con ello, el número medio de afiliados en enero se sitúa en 19.627.161 y el de desempleados en 3.123.078, sin tener en cuenta los excluidos de las listas oficiales por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de empleo con “disponibilidad limitada” o con “demanda de empleo específica”.
También crecen los autónomos en 55.494 respecto a finales de enero de 2021, aunque permanecen en cese de actividad 110.931, 2.653 personas más que al cierre de diciembre.
Además, hay que tener en cuenta que al cierre de enero continúan en ERTEs 105.043 trabajadores, cuyos contratos se encuentran suspendidos total o parcialmente por motivos COVID, y 11.778 trabajadores en ERTEs no COVID, y que, por lo tanto, no figuran como desempleados.
Por lo que se refiere a la contratación, la estabilidad en el empleo sigue consolidándose con 238.672 contratos indefinidos suscritos en el mes de enero, lo que supone el 14,95% del total de los contratos formalizados.
La recuperación del empleo a niveles precrisis es una buena noticia y, especialmente, sus efectos positivos en la situación laboral de las mujeres y los jóvenes y en aquellos sectores más afectados por la pandemia y que todavía se enfrentan a la incertidumbre de su evolución y a posibles limitaciones en el desarrollo normal de la actividad.
Para garantizar la tendencia creciente en los datos de empleo y afiliación, en un contexto de permanentes y vertiginosos cambios, resulta imprescindible generar un clima de certidumbre y seguridad jurídica que impulse las inversiones y refuerce la confianza empresarial y de la ciudadanía, sin que el proceso de recuperación se vea obstaculizado por demandas alejadas de la realidad y de las necesidades del tejido productivo, que comporten mayores rigideces y costes para las empresas y, con ello, menores oportunidades de empleo para las personas trabajadoras.
Todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de recuperación y de normalización de nuestra economía, máxime si tenemos en cuenta las notables diferencias sectoriales en esta salida de la crisis y las incertidumbres y riesgos que pueden afectar negativamente a la intensidad de la recuperación económica.
Por ello, es necesario consolidar nuestro marco normativo acordado con los interlocutores sociales y dejar espacio al desarrollo de la negociación colectiva como instrumento para su adaptación a la realidad de cada sector y empresa y de sus trabajadores, fijando condiciones de trabajo que permitan mejorar la productividad, crear riqueza, aumentar el empleo y contribuir a la cohesión social.
Carlos Sanz, del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, analiza estos datos:
