El Presidente y el Director General del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han divulgado por tercer año consecutivo en España el informe elaborado por la TaxFoundation de Estados Unidos sobre el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que pone en perspectiva la fiscalidad de los diferentes países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios.
El ICF permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más razonable y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico, entre las que, lamentablemente, cada vez destaca más España. En el año 2021, nuestro país se ha situado en la posición 30 del total de los 37 países analizados, cuatro puestos más abajo que la posición 26 que ocupaba en 2020, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa con continuadas subidas de impuestos.
El informe del Instituto de Estudios Económicos recoge que la reducción de la recaudación tributaria debido al descenso en la actividad económica, pretende ser compensada a corto plazo, mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, con especial hincapié en la tributación empresarial, al contrario de las medidas que están tomando algunas de las principales economías de la OCDE que consideran que los ajustes basados en incrementos de ingresos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento y a la senda de reducción y sostenibilidad de la deuda pública, por lo que han procedido a bajar impuestos. Deberíamos de mirar a nuestro entorno, ya que, al encontrarnos en una economía globalizada, cualquier reforma tributaria, podría deslocalizar inversiones, se podría producir una fuga de contribuyentes o situar en desventaja competitiva a nuestros residentes.
En este sentido, el incremento de la recaudación tributaria debe basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a tributación empresarial. Además, hay que evitar reformas fiscales apresuradas y coyunturales con el fin de lograr un código tributario coherente, flexible y bien estructurado que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentes y genere ingresos de manera inteligente, minimizando las distorsiones de los impuestos sobre el crecimiento y el desarrollo económico.
El IEE ha desarrollado, a partir del ICF un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2021 dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la UE. La situación de España es también un 12% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,8 puntos.
Si analizamos el indicador más habitual, el de presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, lo cierto es que, si tenemos en cuenta el efecto de la economía sumergida, lo que los datos sugieren es que en España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida. Por tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la UE. Si se mantuviese esta presión fiscal efectiva para los que contribuyen, pero se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la UE, es decir del 13%, entonces la presión fiscal en España se podría elevar hasta niveles del 40%, ratio muy similar a la actual presión fiscal de la UE, que está en el 40,3%. Dicho de otro modo, si en lugar de que en la aportación a la tributación participe sólo el 78% de la actividad, se pudiese reducir la economía sumergida para que contribuyese el 87% de la actividad (13% de economía sumergida, como en la UE), la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. Si miramos el esfuerzo fiscal, apreciamos que España realiza un esfuerzo un 8,1% superior al de la UE, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE.
Comparativa de los principales tributos
En España, las medidas de incremento de los tributos a familias y empresas se quieren justificaren una pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE, pero dicha subida ralentizaría la recuperación, deprimiendo la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deteriorarían las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación.
El informe analiza, según datos de Eurostat, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas que es considerablemente superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas con respecto al total son del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE, y un 22,2% superior al del promedio de la OCDE, produciendo un sensible empeoramiento frente a 2020, donde ocupaba la posición 28 de los 36 países analizados, mientras que en 2021 ha descendido hasta la posición 32 de un total de 37 países. Respecto a la imposición patrimonial la situación de España es aún peor; en este caso, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, hemos de señalar, primero, que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social (cuña fiscal) es, en España, del 39,3% en 2020, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, nos situamos claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%.
Entre los países donde el IRPF es más progresivo, España se sitúa en noveno lugar de un total de 22 analizados. Además, nuestro país supera en progresividad del impuesto sobre la renta la media de la UE y se sitúa en la media de la OCDE, al alcanzar el valor 112,8 frente a 112,9 de media de la OCDE y 100 de la UE. Así, según este indicador, en España el impuesto sobre la renta es un 12,8% más progresivo que el promedio de la UE. Esta mayor progresividad en España debería ser tenida en cuenta a la hora de modificar la estructura del IRPF, ya que las presuntas mejoras de la equidad deben guardar un equilibrio con respecto a criterios de la eficiencia económica en la asignación de recursos por parte de las personas físicas. La introducción de distorsiones a través de los impuestos en las decisiones de trabajo y ahorro de los contribuyentes generarán un mayor o menor nivel de actividad en función de cuáles sean sus decisiones de trabajar o de ahorrar. Estas decisiones se ven necesariamente afectadas por la tributación de dichas rentas y, por lo tanto, en la práctica, los niveles de renta dependen, en gran medida, de la fiscalidad que recaiga sobre ellos.
Conclusión
En definitiva, la única forma de aumentar nuestra recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad teniendo una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer la actividad, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar nuestra excesiva tributación del capital y sobre la empresa, que es justo lo contario de lo que algunos, equivocada e inoportunamente, plantean.
En el futuro, hay que priorizar recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, acometiendo nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior.
