¿Por qué los servicios notariales cuestan lo que cuestan? Si se trata de un servicio público, ¿por qué he de abonarlo de mi bolsillo? Estas son preguntas recurrentes.
La clave está en comprender que los notarios somos funcionarios públicos que, al mismo tiempo, también somos profesionales del derecho. Es decir, ejercemos una función pública por delegación del Estado, pero a diferencia de otros funcionarios, la organización de los recursos humanos y materiales es privada, como la de un empresario más.
El ejercicio de nuestra función, al ser pública, está regulado, pero somos nosotros los que nos encargamos de buscar un local, adecuarlo, proporcionarle suministros, adquirir material, contratar al personal, pagar nuestros impuestos, etc. En esta faceta somos empresarios y estamos dados de alta como autónomos, como trabajadores por cuenta propia, al igual que cualquier profesional.
No obstante, recordemos que seguimos siendo funcionarios, por lo que no cobramos nuestros servicios según consideremos conveniente, sino que nuestros precios están estipulados por el Gobierno. Estos precios reciben el nombre de “aranceles notariales”, que puedes consultar aquí.
En resumen, el arancel está regulado de forma que, en principio, a mayor complejidad del documento mayor es el arancel. La complejidad se mide por criterios objetivos, tales como el precio que se pagan las partes contratantes o el número de folios.
Me gustaría destacar que el asesoramiento notarial es gratuito y no influye en el coste del servicio. Cuesta lo mismo un testamento de un ciudadano que ha necesitado treinta minutos de reunión con el notario, que aquel que ha necesitado varias horas: unos 40 euros.
Todos los notarios cobramos lo mismo por un idéntico servicio. ¿Qué nos diferencia? Los notarios competimos entre nosotros básicamente en prestar la mejor calidad de servicio, para que a igualdad de coste los ciudadanos nos escojan a nosotros.
En conclusión, los notarios no cobramos mensualmente de los presupuestos del Estado, sino que nuestros ingresos provienen de la prestación de servicios que nos solicitan los ciudadanos. Con estos ingresos pagamos nuestros costes y a los profesionales de nuestra notaría y procuramos obtener un rendimiento.
Este sistema tiene dos grandes ventajas: el servicio notarial no cuesta un euro al Estado, sino que se sufraga tan solo por aquellos ciudadanos que eventualmente lo solicitan. Además, incentiva a notarios y empleados a competir para ofrecer la mejor calidad, lo que explica el éxito de este sistema y por qué cada día miles de ciudadanos y empresas confían en nosotros.
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