España ha asumido el reto de acelerar la transición hacia la economía circular, propuesto por la UE, a través de un proceso irreversible y urgente en su aplicación. La próxima ley de Residuos y Suelos contaminados no solo está llamada a lograr la circularidad de todos los recursos sino, y lo que es aún más importante, a consolidar uno de los más poderosos vectores de desarrollo económico y social, generación de empleo, competitividad y lucha contra el calentamiento global de nuestra era reciente.
El impacto de la futura Ley, así como del Real Decreto de envases que derivará de ella, será sistémico, profundo y transformador. Los nuevos objetivos y obligaciones para todos los sectores productivos del país acarrearán importantes cargas y costes, que es fundamental que sirvan para hacer más y mejor, en base a un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas marcadas por la UE.
Precisamente la profundidad y transversalidad de este impacto hace imprescindible la necesidad de una norma que contemple, de manera lo más explícita posible, la vinculación justificativa entre medidas y objetivos. El principio básico para una transición justa es el principio de la proporcionalidad. Sin estos dos factores -prioridad de los objetivos sobre las medidas y proporcionalidad- aumentaría el riesgo de ruptura de algún eslabón de la cadena de valor, no podemos dejar a nadie atrás y todos somos necesarios en esta transición.
Tampoco debemos perder de vista que las reformas en la hoja de ruta de la Comisión Europea van a ser intensas en los próximos años. En este sentido, que todos los países de la UE avanzasen de forma armonizada y en plazo sería la mayor garantía para sus ambiciones.
La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y los Sistemas Colectivos de RAP (SCRAPs) como Ecoembes contribuyen a la formación de ecosistemas de desarrollo económico, social y ambiental fundamentales para la economía circular.
Desde Ecoembes queremos alcanzar el 100% de circularidad para todos los envases evolucionando nuestro modelo, tanto a nivel operativo como a nivel relacional. En primer lugar, impulsando la reducción y la prevención del residuo, en estrecha colaboración con las administraciones públicas y los ciudadanos y, en segundo lugar, apoyando la innovación (en ecodiseño, procesos de recogida, tratamiento, reciclado e incorporación de materiales a procesos productivos) junto a una transformación digital de la gestión de los residuos y su vinculación a incentivos sociales y ambientales. Trabajamos en soluciones con toda la cadena de valor del envase desde la responsabilidad compartida, incluyendo las administraciones públicas, los operadores privados, la ciudadanía y, sin duda, las pymes. La efectiva colaboración de todos resulta vital para alcanzarlos, tal y como ha sido hasta ahora.
Por todo ello, necesitamos que la futura Ley de Residuos, el Real Decreto de Envases y posteriores desarrollos normativos vinculados, no sólo se basen en los principios de la buena regulación en lo relativo a, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, sino también, garantizar una coordinación administrativa, la flexibilidad operativa, con una firme protección de la competitividad de las empresas en un contexto caracterizado por una transición global hacia la economía circular y la protección del medio ambiente en todas sus acepciones.
