La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ve con preocupación las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Ejecutivo, a falta todavía de conocer el detalle en profundidad, al apostar por una mayor presión fiscal sin tratar de contener el nivel de gasto con medidas de mayor eficiencia en su gestión.
Para la Confederación, se trata de un proyecto de presupuestos que parten de un escenario económico de total recuperación que, desgraciadamente, nada tiene que ver con la realidad que sufren la mayoría de las pymes españolas, que están todavía luchando por salir adelante.
Los Presupuestos parten de un cuadro macroeconómico voluntarista. La previsión de crecimiento del 7% para el año 2022 resulta muy superior a los niveles más prudentes (del orden del 6%) barajados por el consenso de analistas. Esto conlleva un inevitable error de partida de la situación cíclica de la economía española que imposibilita alcanzar el objetivo del 5% marcado para el déficit público, lo que puede perjudicar la credibilidad de un ya de por si muy limitado esfuerzo de consolidación presupuestaria.
La fuerte deuda pública acumulada, la ausencia de reformas estructurales que propicien un aumento del producto potencial y el anuncio de equivocados proyectos como la ley de vivienda para poder aprobar estos presupuestos, constituyen un contraproducente caldo de cultivo a futuro para nuestra prima de riesgo y, por ende, para las condiciones de financiación de nuestras empresas.
La intensa y prolongada recuperación económica planteada en los presupuestos no sólo no se corresponde con la realidad prevista en ambos ejercicios, sino que implica que estos presupuestos descuiden el apoyo a muchas empresas, especialmente las pymes, que siguen con grandes dificultades. Esta crisis ha dejado fuertes cicatrices que dificultan la normalización de la actividad y las ayudas hasta ahora aprobadas han dejado sin asistencia una parte importante de las pérdidas sufridas.
El fuerte crecimiento del gasto público compromete a futuro la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, ya que obedece, por un lado, a que no se aprueban medidas de eficiencia del gasto y por el otro a que se asumen compromisos políticos. Además, supone una importante distorsión asignativa, en la medida que una parte creciente de los recursos se gestionan sin la disciplina del mercado.
En este sentido, se está desaprovechando la oportunidad de liberar espacio presupuestario para consolidar la recuperación de la actividad empresarial. Los fondos europeos son muy importantes, pero no todos están llegando a la empresa, ni todas las actividades tienen las mismas posibilidades de recibir estos recursos.
Asimismo, estos presupuestos plantean como prioridad nuevas ayudas a los jóvenes, como el bono alquiler o el bono joven cultural, pero evitan incorporar medidas nuevas específicas de apoyo al empleo juvenil, cuando la tasa de paro juvenil está en máximos.
Las subidas de impuestos establecidas sobre la actividad empresarial, como el nuevo tipo mínimo del impuesto sobre sociedades, resultan especialmente inoportunas ya que se suman a las ya aprobadas el año pasado, como la no corrección de la doble imposición en los dividendos y puede suponer un aumento de la tributación efectiva de las pymes más internacionales y/o que son más intensivas en actividades de I+D+i. Además, CEPYME no comparte la errónea concepción de enfrentar los intereses de grandes y pequeñas empresas, ya que la generación de actividad de las empresas de mayor tamaño repercute en mayor actividad para las pymes. Las subidas impositivas mermarán la inversión y pueden fomentar la deslocalización, dañando el empleo y la economía en un momento delicado todavía para muchas empresas tras la pandemia.
Por otra parte, la nueva reducción del importe máximo de las aportaciones a planes de pensiones deducibles en el IRPF perjudica especialmente a los empresarios individuales y pymes, ya que tienen un acceso más difícil cuando no imposible a los planes de empleo, con el consiguiente aumento añadido de la dificultad para generar ahorro para su jubilación.
En síntesis, estos presupuestos conllevan una subida de presión fiscal presente pero, ante todo, la apuesta por un mayor gasto público implica un riesgo implícito de futuras subidas adicionales de impuestos. Así se señaló explícitamente cuando se constituyó el grupo de expertos de reforma fiscal. Si en un contexto de fuerte crecimiento nominal, no somos capaces de reducir nuestra deuda por debajo del 115% en el 2022, es muy difícil que las empresas tengan expectativas positivas acerca del nivel de sus cargas impositivas a futuro. Dicho de otro modo, es difícil generar confianza en los agentes económicos, si se incorporan medidas cuantiosas de gasto estructural que imposibilitan la corrección del déficit de la deuda pública acumulada y no se lanza ninguna señal de eficiencia de gasto y de convergencia hacia los objetivos suspendidos temporalmente de estabilidad presupuestaria que marca la UE.
