El Gobierno de coalición está, de nuevo, tratando de demonizar al sector empresarial, a la vez que dopa la negociación colectiva y el diálogo social, al posicionarse con una de las partes, y simplifica el debate para eludir las cuestiones de fondo.
Este es el análisis que la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) sobre el debate generado en torno a una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según señala Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, el punto de partida ya es erróneo: se habla de un compromiso electoral, cuando dicho compromiso se alcanzó antes de sobrevenir la pandemia “y quien diga que esto no influye, no tiene impacto, demuestra poca sensatez: estamos en un momento muy delicado, especialmente pymes y autónomos, que apenas sobreviven, que están intentando recuperar el ritmo poco a poco, y se les plantea un alza de costes salariales a la vez que suben las materias primas y la energía. Eso es la ruina, el cierre y el desempleo, porque no es el Gobierno quien paga la subida, son los empresarios y empresarias”.
Por ello, asegura Peinado, se pretende llevar el debate “a un sí o un no, sin matices, demonizando a las empresas, que son quienes arriesgan y generan empleo, y dopando el diálogo social, porque el Gobierno se quita la camiseta de árbitro y se enfunda la de una de las partes, la sindical, presionando además con otro tipo de acuerdos y cuestiones que aún hay que llevar a las mesas de concertación”.
Falta de claridad
Pero, además, el dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño, apunta a que esa simplificación en torno al SMI “oculta cuestiones incómodas que el Gobierno no quiere responder”.
Entre estas cuestiones estarían cuánto empleo destruiría o deja de generar la subida del SMI, tal y como sucedió con el anterior incremento; qué pasaría con los jóvenes, a los que se coloca una nueva barrera de entrada al mercado laboral, cómo afecta a las cotizaciones a la seguridad social que aumentan los coste del capital humano, sin verse relejado en la nómina de los empleados, y qué impacto tendría esta subida como efecto dominó en el resto de salarios: “indudablemente, incrementar el salario del personal menos cualificado obligará a subir el resto de escalas, porque, si no, ¿qué sentido tendría cualificarse más, ser más productivo, o asumir más responsabilidades, si quien está menos cualificado o no tiene esas responsabilidades va a cobrar lo mismo o casi lo mismo? Entrar en esa espiral supondría perder competitividad, y el siguiente paso es lastrar el crecimiento, entrar en pérdidas y recortar plantilla para tratar de sobrevivir”.
Otra cuestión que se elude es cuántas personas pasarían a la economía sumergida, especialmente en sectores como la atención a dependientes o las empleadas y empleados de hogar: “ya se reconoció por el propio Gobierno esta situación, y ahora volveríamos a lo mismo, porque aquí no es la empresa quien contrata sino un particular”.
Unidad de mercado
El Secretario General de la CREEX agrega que tampoco se ha explicado cuál es la referencia al salario medio que expresa la Carta Social Europea a la hora de recomendar que el SMI sea el 60% del salario medio.
Respecto a la subida por territorios, Javier Peinado se muestra partidario de la unidad de mercado: “no creemos que proceda ahora un SMI por territorios, a pesar de que esta es la fórmula que históricamente se concibe para los convenios colectivos”.
Lo que sí debería analizar el Gobierno, y también elude, es la posibilidad de estudiar qué sectores y colectivos serían los más dañados por la subida, y aplicar ahí bajadas selectivas y compensatorias de las cuotas sociales, “porque de otro modo se estaría dañando tanto a la empresa como al trabajador”.
