La reforma de la PAC, que lleva más de tres años negociándose en las instancias comunitarias, ha dado un paso importante para su adopción en los acuerdos alcanzados en Trílogos (reuniones tripartitas entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión) y posteriormente en su ratificación por el Consejo de Agricultura de la UE con el que se finaliza la presidencia portuguesa.
En opinión de ASAJA, posiblemente, el hecho más significativo sea precisamente el hecho de haber alcanzado este acuerdo, que cierra una etapa y da paso a las negociaciones nacionales para el diseño y aprobación de los Planes Estratégicos nacionales que implementarán la PAC en cada país.
ASAJA siempre se ha mostrado reticente a muchos de los preceptos que se establecían en las propuestas de la Comisión, así como en el desarrollo de las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo Agrícola, ya que consideramos que se aleja de las verdaderas necesidades del sector frente a un mundo globalizado, unos mercados cada vez más volátiles y unas condiciones de competencia internacional cada vez más duras.
Los compromisos medioambientales y climáticos han marcado, desde el principio, las negociaciones de la nueva PAC, si bien se han visto fuertemente alteradas tras la publicación de las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad del Pacto Verde Europeo y la pretensión del Parlamento y especialmente del vicepresidente Timermans, apoyado por los sectores medioambientalistas más radicales, de imponer unos objetivos, en principio meramente orientativos, como obligatorios sin que tuvieran base legal, ni estudio de impacto que lo avale.
Lamentablemente, la ambición ambiental y climática, que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acompañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, sino que deberán ser los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual.
La otra gran novedad de la futura PAC reside en el papel que van a desarrollar los Estados miembros a la hora de diseñar y ejecutar los objetivos de la PAC en cada país a través de sus Planes Estratégicos. Si bien, hasta ahora, se han venido desarrollando trabajos exploratorios de análisis, determinación y priorización de necesidades dentro de los distintos objetivos específicos que la UE marca en sus reglamentos, ahora se abre, una vez conocido y delimitado el marco donde nos debemos mover, la fase de desarrollo de estos Planes, que necesariamente el ministerio de Agricultura deberá consensuar con las comunidades autónomas y los principales implicados en la reforma, los agricultores y ganaderos.
Es precisamente en esta fase nacional donde se deberán definir y aclarar muchos aspectos de vital importancia para nuestros agricultores y ganaderos, tales como el futuro de los derechos de la PAC; la determinación del número de regiones productivas; la convergencia interna y sus periodos de aplicación; el control de las superficies que tendrán derecho a pagos en la futura PAC; los sectores e importes que podrán beneficiarse de pagos acoplados a la producción; los límites que se impongan a estos pagos o el tratamiento que se vaya a dar a las primeras hectáreas; el complemento necesario para apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria (tanto en el primero como en el segundo pilar) y por supuesto, diseñar el modelo de arquitectura verde, a través de los ecoesquemas en el primer pilar y las medidas agroambientales y otras inversiones, dentro del segundo pilar. Estos y otros muchos aspectos quedan todavía por definirse en lo que será el futuro Plan Estratégico para España.
Es precisamente en el diseño, elaboración y puesta en marcha de este Plan Estratégico español donde de verdad se completa la reforma de la PAC. Es por tanto, necesario, descender de la literatura que contiene una importante carga ideológica, como hemos podido comprobar, a la realidad de la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España, con su inmensa diversidad productiva y distintas estructuras a nivel de explotación, donde deben primar los criterios técnicos y agronómicos para así lograr mejorar la rentabilidad, viabilidad y competitividad de los profesionales agrarios españoles.
