La Comisión Europea debate hoy miércoles si inicia el proceso para sancionar a España por incumplir el objetivo de déficit establecido para 2015, que podría suponer una multa de aproximadamente 2.000 millones de euros, así como si concede una prórroga para cumplir con el objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario por debajo del 3%.
El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario publicará sus recomendaciones específicas para cada Estado miembro y discutirá previsiblemente si España y Portugal no han tomado acciones efectivas para cumplir con las cifras presupuestarias pactadas con Bruselas. No obstante, la Comisión no ha descartado que se pueda posponer una decisión al respecto.
España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas del 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas. La nueva senda de reducción del déficit presentada por el Gobierno prevé cerrar este año con un desfase del 3,6% y 2017 con un 2,9%. Sin embargo, las previsiones de la Comisión estiman que el déficit será del 3,9% este año y del 3,1% el año que viene.
Si finalmente el Ejecutivo comunitario certifica la «falta de acción efectiva» para reducir el déficit, correspondería a los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) confirmar esta opinión, lo que abriría un plazo de 20 días para que la Comisión proponga una multa, que equivaldría al 0,2% del PIB del año anterior, unos 2.000 millones de euros en el caso de España.
En cualquier caso, fuentes comunitarias han señalado que sería «prematuro» que el Ecofin trate esta cuestión en su encuentro del próximo miércoles, 25 de mayo, y que lo más probable es que los ministros del ramo lo abordarían en sus reuniones del 17 de junio o del 12 de julio.
Independientemente de la fecha en la que se esta cuestión se incluya en la agenda de los ministros de Economía, si finalmente se sanciona a España, los plazos estipulados harían muy difícil que la multa se comunicase antes de las elecciones generales, que tendrán lugar el 26 de junio, puesto que, tras pronunciarse el Ecofin, la Comisión dispone de 20 días para proponer la multa.
No obstante, Bruselas podría tomar la decisión de reducir la cuantía de la multa o incluso cancelarla, argumentando «circunstancias económicas excepcionales» o aludiendo a una opinión razonada enviada por el país sujeto a la sanción. España dispondría de diez días para remitir esta opinión, contando desde el día en el que el Ecofin certifique la falta de acción efectiva.
De cualquier forma, el Gobierno en funciones ha iniciado ya su campaña para argumentar el desvío en las cuentas públicas. El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha instado en varias ocasiones a Bruselas a tener en cuenta los efectos de una inflación más baja de lo previsto, un aspecto que, defiende, se ha valorado en otras ocasiones.
Además, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, envió una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la que reclama más margen para poder cumplir con los objetivos de déficit, según confirmó el propio Ejecutivo comunitario, que aseguró que estar «estudiando» la misiva.
