En el caso de la conciliación, el notario actúa como un funcionario público dotado de autoridad que escucha ambas posturas, las analiza desde un punto de vista jurídico, asesora a los contendientes, intenta aproximarlas hacia un punto común y les propone una posible solución.
El acuerdo alcanzado tras un proceso de conciliación requiere un compromiso de cumplimiento entre las partes y se eleva a documento público para que tenga fuerza ejecutiva. Esto significa que, en caso de incumplimiento por una de las partes, se podrá pedir directamente al juez su ejecución inmediata.