El concurso público lanzado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y dependiente del Ministerio de Sanidad español, para el abastecimiento de productos sanitarios ante una nueva oleada de COVID-19, deja fuera a las PYMES de nuestro país, las mismas que fueron capaces de solventar la crisis de material durante los peores días de confinamiento.
Ingesa ha estipulado un gasto total superior a los 2.009 millones de euros para garantizar un colchón de material ante el miedo a un nuevo pico en la curva de contagios.
Los requisitos recogidos en el documento abandonan, prácticamente en su totalidad, a las empresas españolas. La solvencia técnica, impuesta por el ministerio, exige a los proveedores de nuestro país que hayan facturado el total del precio del lote al que se quiera optar.
La industria de la moda española se puso a disposición del Gobierno desde el minuto uno para producir todo tipo de material sanitario, siendo las empresas coordinadas por FEDECON – Confederación ModaEspaña de las primeras entidades en conseguir las licencias necesarias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPs) para fabricarlo. Por ello, se espera que, a la hora de realizar las adjudicaciones, se tenga en cuenta el esfuerzo que han realizado las empresas españolas en los momentos más críticos de la pandemia.
El 90% de los productos textiles que se producen en España se fabrican en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), por tanto, el concurso público favorece a los contratistas internacionales dejando fuera a la industria nacional.
Un grupo de empresas del sector, algunas de ellas miembros de FEDECON-Confederación ModaEspaña y de otras organizaciones, se han constituido en UTE (Unión Temporal de Empresas). Y, unidos, han presentado su propuesta a la licitación pública, dejando abierta la posibilidad de incorporación de otras empresas. Su objetivo es generar inversión y compromiso social para fabricar productos sanitarios bajo unos controles de calidad exhaustivos y supervisados por la Agencia Española del Medicamento. En caso de conseguir los lotes licitados, contribuirían a la creación de más de 17.000 empleos en nuestro país durante un año.
Los requisitos por los que se rige este concurso público no parecen seguir el mismo discurso de los últimos meses, en el que se pretendía fomentar la economía española y apoyar a nuestros empresarios. En caso de tener en cuenta a las PYMEs de España, ese dinero público se mantendría en las entidades nacionales, lo cual se traduciría en empleo y riqueza para reactivar el mercado tras la pandemia.
Además, tendríamos una firme garantía de suministro a un precio fijo sin especulaciones por las oscilaciones de mercados internacionales. En caso de que las Administraciones, nacional y/o autonómicas, tuvieran en cuenta a las empresas de nuestro país, se establecería un retorno a las arcas públicas en concepto de impuestos -directos e indirectos-, además del ahorro en prestaciones por desempleo y otras ayudas.
Estas condiciones dificultan la oportunidad de España de ser autosuficiente en la producción de material sanitario, perpetuando la dependencia de terceros países para ello.
