El año pasado, diferentes comunidades estadounidenses se unieron para demostrar que pueden defender y defenderán sus derechos de privacidad. Como parte de las campañas dirigidas por ACLU, siglas de American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), tres ciudades de California (San Francisco, Berkeley y Oakland), así como tres municipios de Massachusetts (Somerville, Northhampton y Brookline), prohibieron el uso del reconocimiento facial por parte del gobierno.
Tras otro esfuerzo de la ACLU, el estado de California bloqueó el uso de la tecnología con cámara del cuerpo de la policía, obligando al departamento de policía de San Diego a dar por terminado su uso sistemas de vigilancia facial. Y en la ciudad de Nueva York, los inquilinos consiguieron evitar que sus caseros instalaran cámaras de vigilancia facial en sus inmuebles.
Incluso el sector privado demostró que tenía la responsabilidad de actuar ante la creciente amenaza de la vigilancia facial. Axon, el mayor proveedor de cámaras del país, anunció que eliminaría el reconocimiento facial de sus productos en un futuro.
Con el Congreso celebrando hace un par de días su primera audiencia de 2020 sobre reconocimiento facial a raíz de estas prohibiciones del uso de la tecnología por parte del gobierno, es fundamental que los legisladores presten atención a este mensaje inequívoco de los constituyentes: la vigilancia del reconocimiento facial no tiene lugar en nuestras comunidades.
El reconocimiento facial ofrece a los gobiernos una capacidad de vigilancia diferente a cualquier otra tecnología en el pasado. Esta poderosa capacidad puede permitir al gobierno identificar quién asiste a protestas, reuniones políticas, reuniones de la iglesia o de Alcohólicos Anónimos, lo que permite una vigilancia indetectable, persistente y sin sospechas a una escala sin precedentes.
En China, el gobierno ya está utilizando la vigilancia de reconocimiento facial para rastrear y controlar a las minorías étnicas. Los manifestantes en Hong Kong han tenido que recurrir al uso de máscaras para engañar al ojo siempre vigilante de Gran Hermano.
En los Estados Unidos, las agencias federales y locales de aplicación de la ley también han adoptado esta tecnología con entusiasmo, a menudo en secreto, a instancias de las empresas privadas, y a pesar de la evidencia generalizada de que esta tecnología está sesgada.
En 2018, un informe de ACLU reveló que Amazon estaba ayudando activamente a múltiples departamentos de policía a implementar la tecnología en las comunidades. Un informe de la Universidad de Georgetown reveló que el Departamento de Policía de Nueva York usó fotos alteradas, bocetos de artistas y rasgos de celebridades cuando intentaba encontrar sospechosos criminales usando el reconocimiento facial. Y hace solo unos meses, un estudio del gobierno de casi 200 algoritmos de reconocimiento facial confirmó, aún más, que esta tecnología es defectuosa y sesgada. Por ejemplo, se descubrió que los falsos positivos eran entre dos y cinco veces más altos para las mujeres que para los hombres.
Un falso positivo puede conducir a vuelos perdidos, interrogatorios largos, encuentros policiales tensos, arrestos por error o algo peor. Pero los defectos de la tecnología son solo una preocupación. Precisa o no, la tecnología de reconocimiento facial amenaza con alterar para siempre nuestra sociedad libre, erosionando la pequeña apariencia restante de privacidad garantizada por la Cuarta Enmienda y convirtiéndonos a todos en sujetos monitoreados, rastreados y analizados allá donde quiera que vayamos.
A medida que el Congreso continúa escuchando a los expertos en reconocimiento facial, es fundamental que actúe rápido para frenar el uso de esta tecnología. También debe presionar a las agencias gubernamentales para que revelen cuándo, dónde y cómo las agencias de aplicación de la ley están utilizando la tecnología, y qué salvaguardas, si las hay, existen para proteger nuestros derechos.
Al mismo tiempo, el Congreso debe investigar las empresas de tecnología que dotan a las fuerzas del orden con esta tecnología de vigilancia. Debe existir la obligación para estas empresas de revelar al Congreso cómo están comercializando su tecnología, a quién se la están vendiendo y sus posibilidades. También se deberían solicitar y llevar a cabo documentos públicos que revelen qué agencias gubernamentales usan el reconocimiento facial y qué empresas les han vendido esta tecnología. Es inaceptable que muchas de estas empresas promocionen la transparencia por un lado, pero por otro obstruyan la labor del Congreso y continúen haciendo negocios en secreto con las agencias de aplicación de la ley, a menudo bajo acuerdos secretos.
No puede haber responsabilidad si no hay transparencia. Y las comunidades exigen acciones.
