La Ley de secreto empresarial que entró en vigor a principios de año no solo afecta a grandes empresas, también a las pymes. Todas ellas, sin importar su tamaño, deben adoptar las medidas necesarias para adaptarse a la ley para proteger adecuadamente no solo patentes y los trabajos de investigación empresarial, sino también los datos de los clientes, proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.
El reto es aún mayor cuando se ha optado por externalizar determinadas áreas o funciones del negocio, una práctica habitual en la mayor parte de las empresas, pero también cuando se hace un uso intensivo de las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son los aspectos que más deben cuidar las empresas? Para el abogado Rafael Ansón Peironcel y, especialista en Derecho Mercantil y socio del Bufete Mas y Calvet, son “principalmente, los acuerdos de confidencialidad de los trabajadores, tanto los que ya están en la plantilla como las nuevas incorporaciones, pero también los que se firman con terceros, cuando se externalizan determinadas funciones. Además, deben fijarse mecanismos que faciliten la trazabilidad y seguimiento de los intercambios de información y documentación, con el objetivo de identificar cualquier vulneración de la custodia del secreto empresarial”.
En este sentido, la norma también tiene un impacto en el incremento de la responsabilidad de los administradores y directivos de las empresas. “Ellos son los encargados de constituir el secreto empresarial y también de poner en práctica las medidas razonables para mantenerlo su confidencialidad”, aclara Ansón.
Pero las ventajas son también numerosas. El especialista destaca que esta norma es más eficiente en la persecución de conductas desleales como robo de secretos, copia no autorizada, espionaje económico o incumplimiento de acuerdos de confidencialidad. Y también tiene otro efecto beneficioso en el mercado. “Al ofrecer más seguridad jurídica, esta norma incentiva la creatividad empresarial y la inversión en innovación”.
UNA DEFINICIÓN MÁS AMPLIA DEL SECRETO EMPRESARIAL
El origen de todo esto es la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que entró en vigor el 13 de marzo, y traspone la Directiva 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Dicha ley amplía el objetivo de secreto empresarial, al definirlo como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que no sea generalmente conocido por las personas ni fácilmente accesible. Además, debe tener un valor empresarial y debe estar protegido por medidas razonables que garanticen su confidencialidad. Y establece que se produce una violación del mismo cuando se obtiene mediante acceso, apropiación o copia no autorizada. Su utilización o revelación se considera ilícita cuando se ha obtenido, por ejemplo, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o una obligación contractual que limite su utilización.
LOS DAÑOS ECONÓMICOS Y MORALES DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS
La norma también identifica las mercancías infractoras como aquellos productos o servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.
Para calcular los daños producidos por las mercancías infractoras se tendrán en cuenta los perjuicios económicos, como el lucro cesante y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, y también el perjuicio moral.Asimismo, es posible fijar una cantidad basada en el importe que se habría tenido que abonar por la concesión de una licencia durante el periodo en que se haya producido la infracción.
