139,6 millones de euros. Esta es la deuda comercial que mantienen las corporaciones locales de la provincia (ayuntamientos, mancomunidades y Diputación) con los autónomos, pymes y empresas de la provincia. 139,6 millones de euros que ponen en riesgo la supervivencia de miles de empresas granadinas, que soportan además retrasos “insostenibles” en el abono de facturas: todavía hoy, 52 ayuntamientos de la provincia pagan sus facturas fuera del periodo medio de pago legal, fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 30 días.
Ante esta situación, que pone en evidencia la “inmunidad” ante la ley de las administraciones públicas, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha pedido a los ayuntamientos que asuman responsabilidades, tomen medidas urgentes y hagan del pago a proveedores una de sus prioridades.
La Junta Directiva de la CGE ha analizado los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, referentes a diciembre de 2018, así como las “alarmantes” informaciones publicadas en la prensa local sobre la situación particular del Ayuntamiento de Granada. “Las empresas seguimos pagando la pésima gestión económica de algunas corporaciones locales; seguimos financiándolas, poniendo en riesgo nuestra propia viabilidad económica”, ha denunciado el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, señalando que, mientras tanto, muchos de esos ayuntamientos están elevando la carga fiscal que soportan las empresas.
“En este caso, incumplir la legalidad no tiene ninguna consecuencia para las corporaciones locales. Hay ayuntamientos que rebasan de forma sistemática y reiterada el periodo medio de pago, sin que nadie, ni el propio ayuntamiento ni las administraciones que lo controlan, tomen medidas efectivas para evitarlo”, ha señalado Gerardo Cuerva, que ha pedido tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía y a las corporaciones locales que asuman de una vez por todas que dejar de pagar a un proveedor supone dejar en la estacada a la empresa, a sus trabajadores y a las familias que dependen de ellos.
En la actualidad, hay 28 corporaciones locales que tardan más de 90 días, unos tres meses, en abonar las facturas de sus proveedores; mientras que otros 24 ayuntamientos pagan entre 30 y 90 días. Aunque no todo son malas noticias: “Según los datos del Ministerio de Hacienda, hay 120 ayuntamientos que al cierre de 2018 sí pagaban en plazo, mientras que en 2017 apenas había 66 corporaciones que cumplían con lo que dicta la ley”.
Ayuntamiento de Granada
La Junta Directiva ha destacado la complicada situación que atraviesan las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Granada. Al cierre de 2018, la capital debía a sus proveedores más de 80 millones de euros, y tardaba en abonar sus facturas una media de 185,53 días, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. “Estas cifras convierten al Ayuntamiento de Granada en la segunda gran corporación local de España con mayor deuda comercial”, ha indicado Gerardo Cuerva, que ha apuntado que solo Madrid supera a Granada en la lista de los municipios con mayor nivel de morosidad.
De hecho, el de Granada también destaca en la lista de los municipios de más de 75.000 habitantes que más tardan en pagar a empresas, pymes y autónomos. Los 185,53 días que tienen que esperar los proveedores de la capital para ver abonadas sus facturas solo son superados por los 616,71 de Jaén; los 434,84 de Telde; los 289,21 de Jerez de la Frontera; y los 188,46 de Algeciras.
“No es tolerable” que el Ayuntamiento de Granada tenga más de 4.600 facturas pendientes de pago a sus proveedores; ni que esa deuda acumulada genere unos intereses de demora de más de 3,7 millones de euros, según las informaciones publicadas sobre el Informe de Morosidad municipal. “Menos aun cuando el Ayuntamiento de Granada ha aprobado recientemente unas ordenanzas fiscales que castigan a las empresas mediante una desproporcionada subida del IBI del 42% para los edificios dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas y estacionamientos”, ha censurado el presidente de la CGE. “El Ayuntamiento ha subido el IBI a las empresas para recaudar lo que le cuestan los intereses de demora de las facturas que no paga a sus proveedores; es decir, que somos las empresas las que también asumimos el coste extra que le supone al Consistorio pagarnos mal y tarde”.
