El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el plan trienal (2019-2021) que aprobó el Gobierno el pasado viernes para prevenir y reducir el desempleo de larga duración, bajo el nombre ‘Reincorpora-t’, y que cuenta con un presupuesto para sus tres años de vigencia 1.309 millones de euros.
Este plan está dirigido a los parados de larga duración (de 12 a 23 meses en desempleo) y de muy larga duración (24 meses y más en desempleo), inscritos en las oficinas públicas de empleo en búsqueda de una ocupación, así como a aquellas personas que son potencialmente vulnerables por disponer de un empleo que no garantiza unos ingresos para llegar al umbral del salario mínimo interprofesional (SMI).
El Gobierno confía en que, a medida que avance el plan y obtenga resultados «tangibles», las personas en paro de larga duración desanimadas y fuera del mercado de trabajo se inscriban en las oficinas públicas de empleo para recibir la atención y la ayuda correspondiente en su búsqueda activa de empleo.
El plan prevé una especial atención para aquellos colectivos que, en función del sexo, edad, territorio y/o sector de actividad, necesiten de actuaciones singulares por su mayor riesgo de exclusión o vulnerabilidad.
El plan está dotado con 1.309 millones de euros, aunque si se tiene en cuenta la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a labores de cuidado familiar, medidas anteriormente aprobadas por el Gobierno, la dotación del plan asciende a 4.000 millones de euros.
En todo caso, el Ejecutivo precisa que los compromisos que se deriven de la aplicación de este plan están condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno.
Uno de los objetivos de este plan es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, desde el 6,8% del cuarto trimestre de 2018 hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021.
Esta reducción supondría un descenso neto del número de desempleados de larga duración mayores de 30 años de 422.100 personas, ya que la cifra pasaría de los 1,2 millones actuales a 850.000 parados.
Asimismo, el Gobierno quiere mejorar la empleabilidad de los desempleados y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída en situaciones de paro de larga duración.
Otro de los objetivos del plan es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde el 11,6% actual hasta el 5,3%.
Esto supondría reducir el paro de larga duración en 259.700 mujeres y casi 162.800 hombres. Además, el plan pretende rebajar el número de desempleados de más de 24 meses en un 12%, lo que supondría una reducción de 361.819 personas.
63 MEDIDAS DIVIDIDAS EN SEIS EJES
El plan cuenta con un total de 63 medidas distribuidas en seis ejes, que van desde la orientación o la formación a las oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional.
En el eje de orientación, destaca la personalización de los procesos de atención de las personas desempleadas y la mejora de la red de orientadores.
Para ello, la red de 3.000 personas profesionales de orientación, creada en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven, atenderá también a los parados de larga duración.
Respecto a formación, el plan incluye medidas orientadas a personalizar los procesos de formación, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave y digitales, así como actuaciones específicas para desempleados de más de 24 meses que sufren una falta de motivación e inseguridad ante una posible reincorporación laboral.
De acuerdo con el plan, aquellas empresas que a la hora de crear empleo neto incorporen y mantengan de forma estable un porcentaje de parados de larga duración superior al 10%, se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente en el que se cumpla tal condición. La estabilidad en el empleo, para su cómputo, deberá ser superior a un año continuado de trabajo.
El plan insta a valorar como criterio de adjudicación en los contratos públicos la contratación de parados de larga duración por parte de la empresa adjudicataria cuando ésta tenga la necesidad de contratar al menos a 10 nuevos trabajadores para cumplir con el contrato. La valoración de este criterio dependerá del número de parados de larga duración contratados respecto al máximo de personal posible.
También se desarrollarán medidas para apoyar el mantenimiento y la llegada de la población rural. En concreto, se pretende potenciar el fomento del emprendimiento e incentivar proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático. Además, se promocionará el autoempleo, las iniciativas de desarrollo local y de economía sostenible.
Sobre la mejora del marco institucional, Trabajo pretende reforzar la coordinación con los servicios sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
