La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido retrasar a 2022 el comienzo de los nuevos planes estratégicos nacionales que los Estados miembros deberán elaborar en el marco de la futura la Política Agrícola Común (PAC), con el objetivo de dar más tiempo a las capitales para adecuarse a las nuevas reglas.
La futura PAC debería entrar en vigor en 2021 y extenderse hasta 2027, pero las negociaciones entre los Veintiocho avanzan lentamente, por lo que lo más seguro es que se tengan que prorrogar las normas actuales y retrasar la aplicación de las nuevas reglas.
Mientras tanto, los eurodiputados han aprobado con 27 votos a favor, 17 en contra y una abstención su posición para negociar el reglamento sobre los Planes Nacionales, una de las tres normativas que compondrán la futura política agraria europea. Estas ‘líneas rojas’, no obstante, pueden cambiar cuando se componga el nuevo Hemiciclo tras las elecciones europeas.
Además retrasar el comienzo de los planes nacionales, los eurodiputados han apoyado la propuesta de la Comisión Europea de limitar a 100.000 euros los pagos directos anuales a los agricultores y ganaderos europeos, pero han abierto la puerta a que se puedan deducir el 50% de los salarios relacionados con la actividad, incluidos los impuestos y las contribuciones sociales.
De la misma forma, los eurodiputados creen que al menos el 5% de los presupuestos nacionales para pagos directos debe reservarse a programas de redistribución de los fondos para explotaciones pequeñas y medianas. Aquellos Estados miembros que eleven este porcentaje al 10% podrán optar por no aplicar el límite de 100.000 euros.
Los eurodiputados también han abogado por permitir transferencias de hasta el 15% desde los fondos nacionales para pagos directos a las ayudas al desarrollo rural, pero en la dirección opuesta las transferencias deben limitarse al 5%.
FIGURA DEL AGRICULTOR ACTIVO
Con respecto a la figura del agricultor activo, es decir, los productores que pueden optar a recibir ayudas de la PAC, la comisión de Agricultura da libertad a los países para definir la forma en la que quieren garantizar que los fondos sólo se conceden a aquellos que realmente tienen una actividad agrícola y no a otros en los que éste sector supone una parte «insignificante» de sus ingresos.
Esta definición, sin embargo, debe mantener «el modelo de familia agrícola de la UE», a juicio de los eurodiputados. Así, las empresas que se dedican al procesado a gran escala de productos agrícolas deben ser excluidas de las ayudas, pero no los grupos de productores.
Por otro lado, la posición de la Eurocámara establece que los llamados ecoesquemas voluntarios que los Estados miembros pueden incluir en los planes estratégicos nacionales deben apoyar el bienestar animal además de las prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
En concreto, los eurodiputados piden que al menos el 30% del presupuesto para desarrollo rural se dedique a acciones relacionadas con el clima y que como mínimo el 20% de los pagos directos estén reservados a estos ecoesquemas.
Según la eurodiputada del PP Esther Herranz, responsable del informe, este hecho «permitirá mejorar el compromiso de los agricultores con el entorno, en línea con las demandas crecientes de la sociedad en esos ámbitos».
REACCIONES
A nivel general, la eurodiputada ‘popular’ ha celebrado el voto positivo y ha destacado que «se ha logrado un equilibrio entre los intereses económicos de los agricultores y la necesidad de disponer de una PAC más respetuosa con el medio ambiente».
«Es necesario preservar unos ingresos básicos al colectivo de agricultores europeos, independientemente de las ayudas adicionales que podrán obtener a través del nuevo régimen de «ecoesquemas» que se pondrá en marcha con la reforma de la PAC por incentivar los esfuerzos medioambientales que vayan más allá de los requisitos obligatorios», ha destacado Herranz.
Por el contrario, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi ha criticado que la votación de este martes es «un paso atrás» y un «golpe devastador para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente», al tiempo que ha acusado a «la mayoría» de los eurodiputados de la comisión de Agricultura de querer continuar con una agricultura intensiva «dependiente de agroquímicos» antes que «atender a las necesidades reales de los agricultores».
A su vez, la eurodiputada de BNG Ana Miranda ha explicado en un comunicado que la formación a la que representa «no puede dar su apoyo a un documento que olvida a los agricultores gallegos y sólo atiende a los grandes terratenientes». Además, ha argumentado que el informe «sólo sirve para perpetuar un modelo agrícola insostenible que hace desaparecer explotaciones agrícolas».
También ha votado en contra la representante de AGE Lidia Senra, para quien «el fondo no cambia» y «sólo cambian las palabras» para «vestir las mismas políticas agroindustriales que destruyen el entorno rural europeo y mantienen el apoyo a la agricultura intensiva».
En una línea similar, el responsable de Agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim, ha calificado de «vergonzoso» que la comisión de Agricultura haya «respaldado a las macrogranjas», que «dañan el medio ambiente y el clima, maltratan a los animales y hacen que los pequeños ganaderos abandonen su actividad».
