El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria para la concesión de 91 millones de euros en subvenciones a la industria electrointensiva, que trata de compensar los costes de emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) en los que ha incurrido en el año 2018.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el objetivo de esta convocatoria es que las compañías radicadas en España ganen competitividad en los mercados internacionales.
De los 91 millones de euros en subvenciones, el Ministerio para la Transición Ecológica aportará 70 millones de euros, mientras que el resto correrá a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Esta cantidad supone multiplicar por quince las ayudas aprobadas en la última convocatoria del año pasado, en la que se destinaron seis millones de euros. No obstante, los beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir con ciertas obligaciones asociadas al mantenimiento de la actividad industrial.
De hecho, el Ministerio de Industria defiende que esta nueva convocatoria es una medida más para «hacer viable la producción de aluminio», sea en la multinacional Alcoa –que está en proceso de cierre de dos de sus plantas– o en «los proyectos que pueden venir en torno a Alcoa».
Según el Ejecutivo, esta medida, incluida en el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, tiene como finalidad «proporcionar un marco de estabilidad y potenciar el crecimiento económico y la competitividad de la industria, manteniendo y generando empleo de calidad».
El Gobierno defiende que esta medida responde a la demanda de la industria, por medio de una iniciativa «que beneficia especialmente a este tipo de consumidores», ya que su objetivo es reforzar la competitividad de las empresas radicadas en España y que operan en mercados internacionales y no pueden repercutir esos costes de emisiones en el precio de venta de sus productos.
