CEOE y CEPYME consideran que la Igualdad es un derecho de las mujeres y un deber de la sociedad y señalan que las empresas tienen muy en cuenta que la igualdad es un elemento de competitividad vinculado al talento, en una nota de prensa que recoge su opinión ante el real decreto sobre Igualdad aprobado en el Consejo de Ministros.
Precisamente por ser una cuestión de tal importancia, los empresarios no comparten que se utilice, para tratar la Igualdad laboral, un Real Decreto Ley, cuya aprobación va a recaer en la Diputación Permanente del Congreso, sin que se haya contado con la participación que la Constitución otorga a los empresarios en proyectos de su competencia.
En este sentido, critican que no se ha dado el tiempo suficiente en las mesas de dialogo social para articular un texto que consiga el objetivo de Igualdad real que todos deseamos. Para tratar esta cuestión, la mesa de dialogo social solo se ha reunido dos días, los pasados 13 y 25 de febrero, lo que da origen a una precipitación que no se corresponde con la importancia de la Igualdad.
CEOE y CEPYME indican también que el Decreto Ley establece unas obligaciones burocráticas y de gestión que dificultan la organización interna de las empresas al tiempo que representa mayores costes, que pueden redundar en menos empleo para mujeres y jóvenes. Además, los permisos establecidos a cargo de la Seguridad Social, contribuyen a incrementar el gasto del ya deficitario sistema de la Seguridad Social.
Por otro lado, los empresarios señalan que, en algunos aspectos del Real Decreto se han reflejado varias de las propuestas de CEOE y CEPYME. En materia de planes de igualdad, por ejemplo, en el proyecto inicial se aplicaban a las empresas de más de 50 trabajadores y desde el año próximo. Ahora, hasta el año 2022 no se aplicará a las de más de 50 y durante un año se continuará con la situación actual. En el año 2020 se aplicará a las empresas de más de 150; en el 2021, en las de más de 100 y en 2022 en las de más de 50.
Por otra parte, desaparece el contenido mínimo de los planes y se reconduce a la obligación de negociar el diagnóstico a fin de implementar medidas más adaptadas a cada empresa y sector. Desaparece, igualmente, la presunción de discriminación.
Las reducciones de jornadas y los permisos deben circunscribirse a la jornada ordinaria de trabajo y desaparece la regulación prevista en el texto inicial con respecto al tiempo parcial, entre otras propuestas de las organizaciones empresariales, recogidas en el Real Decreto.
