El déficit del conjunto de las administraciones públicas –excluidas las corporaciones locales– bajó un 28,5% hasta el mes de noviembre del año pasado y se situó en el 1,49% del PIB, con lo que cerró el ejercicio 2018 en el 2,7% del PIB.
Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de de ley de las nuevas cuentas de 2019, en el que ha detallado los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre de 2018 que el Ministerio de Hacienda publicará este martes.
En concreto, Gualda ha detallado que el déficit del conjunto de las administraciones (Administración Central, comunidades autónomas y fondos de la Seguridad Social) descendió un 28,5% en los once primeros meses de 2018, hasta el 1,49% del PIB.
Por administraciones, el déficit de la Administración Central se redujo un 29,6% en el periodo, hasta el 1,03% del PIB, al tiempo que los fondos e la Seguridad Social redujeron su desajuste un 12,1%, hasta el 0,57% del PIB.
Asimismo, las comunidades autónomas volvieron a registrar superávit y alcanzó los 978 millones de euros, lo que representa el 0,11% del PIB.
De esta forma, Gualda ha asegurado que a falta de un mes para tener el cierre completo del ejercicio Hacienda dispone de unas previsiones «bastante ciertas» de que el año 2018 concluyó con un déficit público del 2,7% del PIB.
LAS NUEVAS CUENTAS
La secretaria de Estado de Presupuestos ha defendido que las nuevas cuentas dan un impulso «decisivo» a un modelo de crecimiento «más cercano al modelo social», que «lucha contra la precariedad y la desigualdad» y sitúan el Estado de bienestar como «eje central» del modelo de crecimiento.
Ha resaltado su carácter social, ya que el gasto social sube en 12.600 millones de euros, un 6,4% más respecto a 2018, hasta representar el 57% del gasto público total previsto.
Además, ha subrayado que las nuevas cuentas reorientan el modelo productivo y refuerzan el compromiso con una política fiscal «sólida y sostenible», cumpliendo con las obligaciones de la UE a las que se dan un «lugar primordial».
«El año 2019 será un punto de inflexión para la situación fiscal», ha enfatizado Gualda, en referencia a la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, y ha apuntado que el objetivo de déficit es el 1,3% del PIB, tras el rechazo a la senda del Gobierno que relajaba la meta al 1,8% (margen de 6.500 millones).
«No estamos convencidos de que la senda del 1,3% sea la más adecuada para el país», ha agregado Gualda, advirtiendo de que tendrá «consecuencias».
En su intervención ha aseverado que el Gobierno ejecutará las inversiones y las partidas recogidas en los presupuestos, y ha recordado que en el último cuatrimestre del año pasado se licitó un 50% más que en el último trimestre de 2018, con el Gobierno «estable» de Mariano Rajoy. Además, ha apuntado que el alza de los ingresos tributarios previstos del 11,9% se contempla con una recaudación del 99% y la creación de nuevas figuras fiscales.
Igualmente, ha hecho hincapié en que se avanza «significativamente» en la política de género, sobre lo que ha recordado que los organismos internacionales avalan la igualdad de género como un aspecto «esencial» para mejorar la economía y aumentar le desarrollo, al estimar un aumento del 2,5% del PIB hasta 2025 si se reduje la mitad la brecha de género.
Según Gualda, las nuevas cuentas públicas son una «oportunidad» para demostrar que es posible conjugar las políticas sociales, con el crecimiento y la reducción del déficit público.
La secretaria de Estado de Presupuestos ha asegurado que los PGE construyen un país «más justo, mejora la vida de las personas, promueve la modernización y garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas».
Durante su intervención ha repasado buena parte de las medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos, como la revalorización de las pensiones con el IPC, el alza del salario de los empleados públicos de hasta un máximo del 2,75%, la subida del Salario Mínimo a 900 euros, el aumento en un 59,3% de la partida para Dependencia o la recuperación del convenio especial de personas cuidadoras no profesionales (315 millones).
También ha citado la eliminación progresiva del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias (536 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, el alza del 41% para Vivienda, la universalización de las escuelas infantiles e 0 a 3 años o el incremento de las becas en 150 millones.
