La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que esté realizando «en absoluto» cualquier argucia para poder cuadrar el déficit y alcanzar el objetivo del 1,3% de este año, y ha explicado que el cambio de fechas en la recaudación de IVA a través del Suministro Inmediato de Información (SII) es para dotar de 2.500 millones más de recursos a las comunidades autónomas para que puedan cuadrar sus presupuestos.
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que interviene ante la dirección del partido para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que presentó el pasado lunes en el Congreso y que inicia su tramitación parlamentaria.
Montero ha afirmado que el cambio en el cómputo del IVA no se trata «en absoluto» de una argucia para cuadrar el déficit, sino que el Gobierno ha modificado el cómputo del IVA en el SII para solucionar el «problema» de falta de recursos de las CCAA por la no relajación de los objetivos de déficit, tras el rechazo del Senado a la senda planteada por el Gobierno con un margen de 6.000 millones, en un contexto en el que las regiones ya habían elaborado sus propios presupuestos.
En este sentido, ha defendido que «desde el primer momento» ha sido «muy clara» y ha transmitido con «absoluta transparencia» que para solucionar el problema de CCAA, que se rigen por criterios de recaudación, no de devengo, se ha modificado el cómputo del SII del IVA, algo que previamente había cambiado «con nocturnidad» su predecesor, Cristóbal Montoro, y que conlleva ajustes en términos de Contabilidad Nacional.
«No es ningún tipo de argucia ni invento, es algo por lo que las CCAA se rigen», ha explicado Montero, quien ha sostenido que sin las dos décimas de margen que ofrecía la senda de déficit que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez, se tenía que contar con una posibilidad de incorporar 2.500 millones más para que las CCAA puedan cuadrar sus presupuestos.
La senda del Ejecutivo de Pedro Sánchez relajaba las metas de déficit en dos décimas para las CCAA y en otras dos para la Seguridad Social, lo que suponía un margen de alrededor de 2.500 millones más para cada administración. También relajaba en otra décima la meta fiscal para el Estado.
